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Durante la sesión ordinaria 217, en el Congreso local, la legisladora Marcia Torres González, realizó un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y al Centro Nacional de Control y Energía (CENACE), para que establezcan programas y fortalezcan los existentes en materia de protección patrimonial hacia la ciudadanía, con énfasis en las localidades donde habiten personas de bajos recursos.
En su intervención la diputada, pidió a ambos organismos que informen a la ciudadanía sobre los protocolos que tienen para prevenir las afectaciones económicas por pérdidas de alimentos, medicamentos o cualquier insumo ocasionado por los apagones.
Indicó que desde la primera semana de mayo se han registrado apagones en diversos estados de la república y aseveró que el reporte de las fallas de energía eléctrica se dio a diversas entidades federativas el día 7 de mayo entre los cuales destaca Hidalgo, además de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México y Querétaro.
Menciono que estas afectaciones dieron origen a que el Centro Nacional de Control de Energía emitiera la declaratoria de estado operativo de emergencia en el sistema de suministro eléctrico ante la alta demanda hasta en dos ocasiones.
Sin embargo, dijo, que la justificación aducida informó que por las altas temperaturas el margen de reserva operativa cayó por debajo del 3 por ciento aunado a las fallas adicionales que sumaron una pérdida de mil 299 megawatts, obligando a las interrupciones del suministro eléctrico con afectación de hasta el 5.23 por ciento de la demanda tal y como fue informado mediante una nota informativa de la Cenace el día 7 de mayo, bajo el asunto explicación de la publicación de los estados operativos de alerta y emergencia y acciones operativas realizadas.
Asimismo, refirió que, si bien, esta información que presentó a manera de introducción es altamente especializada y su justificación técnica se encuentra más allá del debate del conocimiento popular y la dota de fiabilidad que no es suficiente para justificar la repercusiones que tienen en la vida de la ciudadanía con afectaciones a la salud y a la economía
Por ello, mencionó que, en lo que se debe ocupar es en cómo esta repercusión está afectando a las personas de bajos recursos que viven en comunidades pequeñas alejadas de las urbes y que por lo mismo no cuentan con servicios emergentes.
En este sentido dijo, son dos vertientes que deben considerarse: las afectaciones a los pequeños comercios de estas comunidades y a las familias en lo individual.
Por último, precisó que, es por eso que se establece un “respetuoso exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energía, a fin de que remitan al poder legislativo un informe que contempla las acciones y programas con que cuenten para adaptar a la población cuando existan daños generados por acciones u omisiones imputables a la empresa y el organismo.
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