Se remitió a la Comisión Permanente, Legislación y Puntos Constitucionales, la iniciativa de conceder actividades culturales a los internos en prisión preventiva como un derecho similar al del agua o salud.
Fue la diputada Lisset Marcelino Tovar que emitió la iniciativa con proyecto de decreto incluir un nuevo agregado a la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo, bajo el argumento de que las actividades artísticas brindan posibilidades desarrollar capacidades, talento y creatividad, además, de sensibilizar a las personas, “de ahí la importancia de crear y aplicar planes y programas en materia cultural acompañados de los procesos de reinserción social”.
Además, indicó que “los derechos culturales son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relacionados con el arte y la cultura entendidos en una amplia dimensión”, apuntó.
Señaló que en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo se publicó la Ley de Cultura y Derechos Culturales el 31 de julio del 2018 y tuvo una reforma en el 2022, donde se reconoció el derecho de accesos a la cultura y a los derechos culturales.
Iniciativa de Ley en Pro del Maguey
En su turno, la diputada local petista Elvia Yanet Sierra Vite presentó la iniciativa de Ley con proyecto de decreto para la protección al Ambiente del Estado de Hidalgo en pro del maguey, donde se evite la intervención de terceros.
Indicó que el cambio del uso de la tierra agrícola a urbana, es el principal enemigo en esta planta y su diversidad de usos, “haciendo preciso conocer de manera directa la problemática de los agricultores, la condición de sus cultivos, su forma de aprovechamiento, sus procesos productivos y la cultura del agave”.
Apuntó: “Por ello que la presente iniciativa tiene el propósito de reformar la Ley para la protección al ambiente del estado de Hidalgo de manera que se prevea la conservación ambiental, aprovechamiento sustentable, protección y fomento tanto del maguey como los productos derivados”.
Es por ello que las dependencias estatales ambientalistas deberán impulsar el aprovechamiento sustentable del maguey a fin de contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los productores, esto mediante mecanismos que sea privilegiar la compra como el intercambio directo entre productores y el sector industrial, donde evite la intervención de terceros.