_CMYK.jpg "SiNDICA16 (1)_CMYK.jpg")
Ayer jueves 16 de noviembre, la síndica jurídica de Tepeapulco, Martina Elvia García Arteaga, informó a El Sol de Hidalgo, que, con un documento girado por la Contraloría Interna, se le notificó que se le suspendía de sus funciones por un periodo de seis meses, esto, dijo, por su presunta responsabilidad al no entregar copia certificada para acreditar su personalidad ante el Tribunal de Arbitraje, esto, respecto a más de veinte juicios laborales por despido, en su mayoría realizados por la alcaldesa Marisol Ortega López.
En este sentido, la funcionaria, aseguró que ella sí entregó la documentación requerida a la firma de abogados “Formus Consultores”, que contrató el Ayuntamiento para llevar a cabo los procesos legales relativos a los despidos de la administración de Tepeapulco.
“La presidenta Marisol Ortega López, contrató al despacho y quien, supuestamente lo representa es Alejandro Castillo, él no acreditó mi personalidad en los juicios con dolo y mala fe. Derivado de esto Contraloría me inicia un proceso administrativo en el que se asegura que soy corresponsable de que los juicios no se logren a favor del municipio. Sin embargo, no es el caso, pues yo solo representó al Ayuntamiento; no soy abogada, no contesto juicios, por lo que quien es responsable de darme a los abogados para realizar todas las funciones es el propio Ayuntamiento. En todo caso, Formus Consultores no cumplió con su trabajo”.
Detalló que el laudo por el que la inhabilitaron por seis meses no lo recibió de manera personal porque aún se encontraba sin desempeñar sus funciones pues cumplía su primera inhabilitación, la cual comenzó el pasado 16 de agosto.
Sobre esta inhabilitación, dijo, se le notificó e impidió el acceso a su oficina con un oficio firmado por el secretario general municipal y la titular de la Contraloría Interna Municipal, esto, dijo, una represalia en su contra ya que, junto con siete regidores más iniciaron una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa Marisol Arteaga, por la compra y donación del terreno para el Banco del Bienestar.
La síndica jurídica, aseguró a este diario que desde 2021 ha sufrido acoso por parte no solo de la presidenta Marisol Ortega, sino “de la estructura municipal” para favorecer distintos proyectos políticos, el más reciente, acusó, la compra y donación del predio para el Banco del Bienestar, el cual sigue en proceso; no obstante, dijo, de manera directa ella inició dos procesos legales de tipo penal, entre estos uno por daño patrimonial relativo a la ejecución de una obra en la calle 18 de Marzo por más de 2 millones de pesos.
Por último, aseguró que, estas acciones son una “venganza política” y que se reuniría con un grupo de abogados para iniciar un nuevo proceso legal, que tendría que ver con lo que afirmó se trata de una inhabilitación improcedente, así como por violencia política.
_CMYK.jpeg "COCINA(1)_CMYK.jpeg")
