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La transición de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a Fiscalía General tardará ocho meses para concretarse.
Esto luego que el Congreso del Estado autorizó ampliar el plazo para concretar el proyecto estatal a culminar el 28 de febrero del 2025.
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En tribuna, el diputado local David Magaña Muñoz dio a conocer la solicitud que realizó la Comisión Interinstitucional de Transición para ampliar el plazo de dos años para concretar el proyecto, pues vence en julio del 2024.
Desde el 2022 iniciaron los trabajos para convertir a la Procuraduría como Fiscalía, pues Hidalgo y Tlaxcala son los únicos estados del país que mantienen esta figura institucional.
Al respecto, el legislador señaló que a lo largo de los 23 meses transcurridos se han realizado acciones en las que destaca la creación de la Dirección General de Transición, la Secretaría Técnica de la Comisión y la designación de su titular, el reglamento interno de la Comisión ya la formulación de acuerdos para crear nuevas áreas de la Fiscalía.
Además, dijo, tienen avances en el estudio interno de costos para el proceso en la planeación de la transición, diagnósticos situacional, cálculos de costos de la transición, como de la estructura organizacional con su estructura jurídica.
“Es importante mencionar que no obstante, operativamente la PGJEH ya trabaja bajo un esquema de fiscalía, esto ha sido posible con los recursos económicos que fueron destinados a la transición”, expuso.
En entrevista con el diputado local dio a conocer que no se contempla un recurso extraordinario con esta ampliación de tiempo, además, mencionó que en otras entidades federativas que han iniciado el trámite y llevan cuatro años sin concluir el proceso.
Indicó que el principal factor que ha frenado el cambio, es la situación laboral de cada empleado de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, pues al pasar como trabajador de gobierno estatal ahora pasarán a ser empleados de la Fiscalía respetando sus derechos laborales.
A ello se suma el orden a los inmuebles de la Procuraduría para pasar a propiedad de la Fiscalía, pues éste último órgano será autónomo en su presupuesto.
