Durante el último año de la administración del ex gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, la mayoría de los contratos de obras públicas que se ejecutaron los ganaron empresas foráneas con nula experiencia en el sector de la construcción, de las cuales la mayoría fueron dadas de baja del Patrón de Proveedores del gobierno estatal.
El titular de la Secretaría de Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que en lo que va de la actual administración estatal que comenzó en septiembre de 2022 se han dado de baja a 350 empresas del padrón de proveedoras, de las cuales 150 fueron el año pasado y 200 en el primer mes de este año por una serie de irregularidades identificadas.
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El funcionario estatal detalló que cien empresas fueron inhabilitadas por faltas administrativas graves hasta por cinco años, mientras que 50 fueron por fallas menores, y 15 fueron denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por presuntos actos de corrupción graves.
De acuerdo con el contralor estatal, 200 empresas no terminaron las actas de entrega-recepción por la gravedad de las faltas, mientras que otras identificaron que no correspondían a sus labores como empresas constructoras, pues no tenían experiencia para desarrollar obras públicas y tenían domicilios fiscales que no correspondían con sus supuestas funciones.
Las empresas que dieron de baja correspondieron a irregularidades en los proyectos de obra pública del último año del gobierno de Omar Fayad Meneses, pero aclaró que a partir del 31 de marzo las empresas que desarrollaron proyectos el año pasado deben cumplir con los distintos pendientes.
Agregó que al cierre de la anterior administración estatal quedaron pendientes diez mil 610 obras no entregadas, pese a que en promedio el gobierno estatal efectúa cerca de dos mil 500 proyectos, por lo cual se heredó rezago tanto del ejercicio fiscal de 2022 como de años anteriores.
Por ello, sostuvo que se realizó una labor de fiscalización del padrón, ya que identificaron demasiadas empresas foráneas, mismas que ganaron los procesos de licitación de la mayoría de los proyectos de la anterior administración estatal con respecto a las que ganaron en licitaciones públicas las sociedades mercantiles locales.
Para incorporar a empresas al Padrón de Proveedores del gobierno estatal, Bardales Ramírez sostuvo que se realiza una revisión sobre las mismas, para conocer su experiencia en los bienes y servicios que prestan, así como la aprobación del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo (CCEH) y cumplan con el código de ética y prácticas anticorrupción.
En el Padrón de Proveedores del gobierno estatal se ubican alrededor de siete mil empresas registradas para la prestación de bienes y servicios al Poder Ejecutivo del la entidad, de las cuales cerca de cinco mil son encargadas exclusivamente de estas áreas y dos mil son constructoras, y en la actual administración estatal se han incluir a 500 empresas locales.
En una revisión realizada por El Sol de Hidalgo se constató que la empresa Grupo Constructora Integral Cardavi S.A. de C.V., con domicilio fiscal de Oaxaca, de acuerdo con su registro ante la Secretaría de Economía (SE), no tenía experiencia en contratos públicos ante el sistema Compranet, previos a los que signó con la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) durante 2022 por montos en conjunto con otras tres empresas por 140 millones de pesos para la adquisición de un software especializado en la revisión de datos de la institución.
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Al intentar buscar una respuesta por parte de la empresa, ninguna persona respondió, sin embargo, presenta una denuncia penal ante la PGJEH por los actos de corrupción conocidos como la “Estafa Siniestra”, que investiga el gobierno de Julio Menchaca Salazar, y por el cual el ex titular de la SEPH, Atilano “N”, y el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la institución, Pablo “N”, fueron vinculados a proceso.
Esta situación se replicó con la empresa Melar Consulting Group S.A. de C.V., la cual determinó no emitir alguna postura ante la búsqueda de este medio de comunicación, misma que fue inhabilitada en julio del año pasado por la Contraloría estatal por diez años.
Sobre esta situación, Arturo Rueda González, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en fiscalización y combate a la corrupción, dijo que uno de los esquemas básicos en la triangulación de recursos públicos consiste en la inscripción de empresas fachada que no tienen experiencia en proyectos públicos y que ganan las licitaciones, ya sea de forma pública o por adjudicación directa.
El especialista en temas de corrupción mencionó que otra modalidad asociada a este esquema de corrupción es la creación de empresas fachada foráneas, mismas en las cuales estén ajenas al escrutinio público por parte de la sociedad, por lo cual pudieron consolidarse para sistemas de evasión fiscales y para la entrega de proyectos y la obtención de contratos.
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Por ello, alertó que el Padrón de Proveedores debe ser más transparente para que más personas puedan conocer cómo son los procesos de adquisición de bienes y servicios de la administración y se presenten informes más abiertos para que la ciudadanía conozca el uso y la participación de los procesos de licitación.
Según datos de la Secretaría de Economía, la mayoría de las empresas foráneas que fueron dadas de baja del Padrón de Proveedores del gobierno estatal se ubicaron en Estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en las cuales algunas tenían menos de un año de existencia y fueron beneficiarias de contratos públicos.
Sobre la participación de las empresas externas, el presidente del CCEH, Alejandro Sánchez Ramírez, dijo que están interesados en participar de forma directa con el gobierno estatal para colaborar en los procesos de licitación que desarrolle el Poder Ejecutivo de la entidad de una forma más transparente.
La Contraloría estatal podría dar de baja a más empresas del Padrón de Proveedores a partir del 1 de abril, una vez que fenezca el plazo establecido para la entrega de obras públicas que se inscribieron en el ejercicio fiscal anterior.
