/ sábado 22 de enero de 2022

Hay omisión legislativa e institucional

Tras señalar que el uso de la tortura es un “lastre que se ha arrastrado por parte de la autoridad responsable de impartir justicia”, el diputado local y presidente de la Directiva de la Comisión Permanente, Andrés Caballero Zerón, aseguró que acatarán el amparo que un juez de distrito otorgó a la Defensoría federal para que se realicen las gestiones legislativas y se cree la Fiscalía encargada de la Investigación de Delitos de Tortura.

Calificó como métodos “arcaicos, primitivos y gorilescos” el uso de la violencia extrema, actos degradantes, humillantes e infamantes utilizados para realizar investigaciones o averiguaciones cuando se persigue un delito, “es lamentable que se presente o se geste cuando debe ser un asunto negro del pasado, pero sabemos que sigue siendo el modus operandi de los impartidores de justicia”. En ese sentido, reconoció que existe omisión legislativa e institucional para garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las personas en el estado, lo cual consideró como “grave”.

Afirmó que siempre será condenable la violencia, “venga de dónde venga, nada justifica la tortura, nada justifica atentar con la dignidad y la integridad física y moral de las personas”. Asimismo, respecto del argumento de la Procuraduría de Justicia de que ya existe un área encargada de la investigación de ese tipo de delitos, sostuvo que “no se puede ser juez y parte” y coincidió en qué es necesario un organismo autónomo e independiente para que no se “conviertan en tapaderas de malas conductas”. Mostró su preocupación porque precisamente habiendo sido un modus operandi de los órganos de procuración de justicia, ahora se quiera imponer al exprocurador Ramiro Lara como ombudsperson.

Tras señalar que el uso de la tortura es un “lastre que se ha arrastrado por parte de la autoridad responsable de impartir justicia”, el diputado local y presidente de la Directiva de la Comisión Permanente, Andrés Caballero Zerón, aseguró que acatarán el amparo que un juez de distrito otorgó a la Defensoría federal para que se realicen las gestiones legislativas y se cree la Fiscalía encargada de la Investigación de Delitos de Tortura.

Calificó como métodos “arcaicos, primitivos y gorilescos” el uso de la violencia extrema, actos degradantes, humillantes e infamantes utilizados para realizar investigaciones o averiguaciones cuando se persigue un delito, “es lamentable que se presente o se geste cuando debe ser un asunto negro del pasado, pero sabemos que sigue siendo el modus operandi de los impartidores de justicia”. En ese sentido, reconoció que existe omisión legislativa e institucional para garantizar el respeto a la dignidad e integridad de las personas en el estado, lo cual consideró como “grave”.

Afirmó que siempre será condenable la violencia, “venga de dónde venga, nada justifica la tortura, nada justifica atentar con la dignidad y la integridad física y moral de las personas”. Asimismo, respecto del argumento de la Procuraduría de Justicia de que ya existe un área encargada de la investigación de ese tipo de delitos, sostuvo que “no se puede ser juez y parte” y coincidió en qué es necesario un organismo autónomo e independiente para que no se “conviertan en tapaderas de malas conductas”. Mostró su preocupación porque precisamente habiendo sido un modus operandi de los órganos de procuración de justicia, ahora se quiera imponer al exprocurador Ramiro Lara como ombudsperson.

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