Hay ocho alcaldes de Hidalgo bajo proceso por diferentes delitos

En la actualidad están privados de su libertad tres ediles

Ignacio García | El Sol de Hidalgo

  · sábado 13 de mayo de 2023

Los alcaldes han sido vinculados a proceso por distintos ilícitos. Foto: Wendy Lazcano.

Desde que comenzó el actual cuatrienio en las presidencias municipales el 15 de diciembre de 2020, ocho alcaldes han sido vinculados a proceso por la comisión de diferentes ilícitos, de quienes seis han sido suspendidos de sus mandatos por su presunta responsabilidad por el delito de peculado.

¿Quiénes son los alcaldes señalados por delitos en Hidalgo?

El 24 de noviembre del año pasado fueron detenidos los alcaldes de Nopala, Luis Enrique “N”; de Epazoyucan, Fidel “N”; de Huautla, Felipe “N”, y de Yahualica, Elías “N”, por el presunto desvío de más de 173 millones de pesos de recursos extraordinarios del periodo fiscal anterior.

El 6 de diciembre del año pasado los diputados locales suspendieron el mandato del presidente municipal de Nopala, quien se encuentra prófugo de la justicia; mientras que el 14 de diciembre fueron suspendidos de sus mandatos los munícipes de los otros tres ayuntamientos que fueron vinculados a proceso el 28 de noviembre.

Posteriormente, el 15 de enero pasado fueron vinculados a proceso los ediles de Tlahuelilpan, José Alfredo “N”, y de Pisaflores, Luis Francisco “N”, por los delitos de peculado por más de 50 millones de pesos, por lo cual los legisladores locales les suspendieron sus mandatos el 24 de enero, pero siguen sus procesos en libertad.

Asimismo, el 29 de noviembre fue vinculado a proceso el alcalde de Tlaxcoapan, Jaime “N”, por el delito de violencia de género, pero no procedió su suspensión de mandato por parte del Congreso local para lo que resta de la actual administración.

De la misma manera, el pasado 16 de marzo fue vinculado a proceso el alcalde de Calnali, Isaid “N”, por el delito de negociaciones indebidas al frente del ayuntamiento, no obstante, su proceso de suspensión de mandato se ha prolongado en el Congreso local ante la falta de notificación del Poder Judicial.

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