En Hidalgo hay un total de cuatro mil 179 viviendas ubicadas en asentamientos irregulares que se ubican en zonas elevadas como cerros, laderas y montes, donde existen situaciones en riesgo para la ciudadanía, de acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El reporte federal reveló que los asentamientos irregulares se sitúan principalmente en municipios como son Pachuca, Mineral del Monte, Mineral del Chico, así como Mineral de la Reforma y Santiago Tulantepec, siendo esta última demarcación en donde se concentran más de una tercera parte del total de los espacios irregulares que están en áreas elevadas.
De acuerdo con la dependencia federal, se han presentado este tipo de viviendas en 24 municipios, donde se concentran la mayor cantidad de inmuebles en estas condiciones, las cuales deben cumplir con los lineamientos básicos de construcción y protección civil que deben ser revisados por los ayuntamientos.
La institución federal advirtió que estas viviendas no cuentan con los servicios básicos públicos como red de agua potable, en donde se intensifican las condiciones de precarización y falta de acceso a vivienda digna como lo establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Al respecto, el presidente de la comisión de Protección Civil del Congreso local, Rodrigo Castillo Martínez, reconoció que en la mayoría de las viviendas que se encuentran en esta situación no se respetan las medidas de protección civil, por lo cual la población en general se encuentra en riesgo.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que las áreas municipales de Protección Civil deben enfocarse a revisar las condiciones en las que se encuentran este tipo de viviendas para que se garantice el cuidado de su integridad física, pues son miles de personas las que habitan en este tipo de inmuebles.
El también representante del distrito de Huichapan comentó que desde el Congreso local han exhortado a las áreas municipales de Protección Civil a revisar y proteger a la población para evitar diferentes incidentes, principalmente en aquellas zonas donde se puedan presentar deslaves.
Asimismo, manifestó que es fundamental que se mejoren las acciones de protección de las viviendas, por lo cual también sostuvo que no se pueden conceder este tipo de permisos irregulares para que se construyan casas en sitios que representan un riesgo real para la población.
Por su parte, la presidenta de la comisión de la comisión de Planeación y Prospectiva del Congreso local, Citlali Jaramillo Ramírez, expresó que se necesitan acciones específicas por parte de las autoridades municipales para regularizar este tipo de viviendas y evitar que se presenten siniestros por las omisiones de los gobiernos locales, principalmente en aquellas zonas que se ubiquen en mayor riesgo.
La legisladora del Grupo Plural Independiente (GPI) consideró esencial que se aplique la reforma a la Ley de Asentamientos Urbanos del estado para que se privilegie el cuidado de las viviendas y los distintos inmuebles que se construyen en zonas irregulares y que representan un riesgo para la población.
También la representante del distrito Pachuca oriente admitió que es una problemática en la cual los gobiernos locales otorgaban permisos sin considerar las medidas de Protección Civil para la construcción de este tipo de inmuebles que exponen a las personas a situaciones graves.
Además, enfatizó que se deben buscar espacios de reubicación en aquellas zonas en las que el riesgo sea mayor, ya que en caso de presentarse lluvias intensas de forma continua pueden ablandar la tierra y esto desencadenar una deslave o desgajamiento que pueda impactar en las viviendas.
Sostuvo que es fundamental la colaboración tanto de las autoridades municipales como las estatales para prevenir desastres mayores, principalmente en los centros urbanos como el caso de Pachuca, donde persisten este tipo de espacios que no cuentan con las reglas básicas de urbanización.
Sobre esta situación, Ángel Ramírez Gutiérrez, urbanista y especialista en zonas de riesgos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que las condiciones en las que se encuentran los principales municipios con esta problemática han sido ignorados por las autoridades municipales y estatales.
“Se ha permitido la construcción irregular de estos asentamientos humanos por intereses políticos o por omisiones y ahora son un factor de riesgo para quienes viven ahí”, recalcó el especialista en temas urbanos, quien consideró que tanto el gobierno estatal como las autoridades municipales deben implementar un espacio de reubicación de las personas que habitan en esos espacios, debido a la situación en la que se encuentran.
De la misma manera, añadió que este problema será una herencia para las siguientes administraciones municipales, las cuales deberán atender esta problemática o de lo contrario se intensificarán las condiciones en las que se encuentran los habitantes.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refirió que en los municipios rurales prevalece un mayor abandono de las viviendas que se sitúan en zonas de mayor riesgo y peligro como son Santiago Tulantepec, Tenango de Doria, Acatlán, Omitlán, Ajacuba y Nopala.