/ jueves 15 de junio de 2023

Gobernador de Hidalgo atestigua instalación del Código de Procedimientos

Reconocen liderazgo de Julio Menchaca Salazar junto a Olga Sanchez y César Cravioto

Con la puesta en marcha de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el gobernador del estado Julio Menchaca Salazar dijo que en Hidalgo está garantizado el acceso a la justicia de las personas.

Como jurista mexicano y ahora como mandatario estatal, el ejecutivo resaltó en su intervención mantener el compromiso en pro de la legalidad.

Siendo senador, Menchaca Salazar presentó junto a su compañero en la bancada Ricardo Monreal Avila, la iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues explicó que el sistema de justicia en esta materia resulta lento, incierto, costoso y discriminatorio.

“Con la disparidad en los códigos, la justicia está muy alejada de las y los mexicanos. El reto es muy grande, pues la actualización debe involucrar a todos los actores sociales y políticos”, expresó y abundó que el proceso de implementación de estas nuevas disposiciones deberán concluir el 1 de abril del 2027.

Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, recordó que más del 75 por ciento de los conflictos a nivel nacional, lo constituyen controversias en el orden civil y familiar, por lo que resultó imperante construir bases que garanticen la autonomía orgánica del Poder Judicial.

“Reconocemos el liderazgo de tres referentes que han generado la sinergia histórica de este momento; Olga Sánchez Cordero, César Cravioto y Julio Menchaca Salazar”, manifestó.

Presente la senadora Olga Sánchez Cordero, reconoció el liderazgo de Menchaca Salazar al frente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y el impulso que le dio a la implementación de este procedimiento.

Además, agregó: “Estamos frente a un antes y un después en el derecho procesal, pues se está privilegiando el juicio digital y la oralidad sobre los procedimientos escritos, recordemos que la justicia es de fondo y no procedimental”.

Los ejes rectores de este código, señaló, tratan de una política social en donde se antepone la protección de niñas, niños y adolescentes, así como las medidas de protección inmediata en favor de las mujeres víctimas de violencia.

En tanto, la diputada federal Aleida Alavez Ruiz pronunció que toda persona tiene derecho a la justicia y el establecimiento de este modelo marca un parteaguas en México, pues a través de la regulación de la justicia digital, todos los procedimientos establecidos en el Código Nacional podrán tramitarse bajo la modalidad en línea.

Y el legislador federal Felipe Fernando Macias Olvera apuntó que para la aplicación de esta normativa será necesario impulsar capacitaciones a nivel nacional, a fin de vigilar su correcta instauración, “para que haya gobernabilidad tiene que existir justicia. El fin último es tener paz, armonía y convivencia social”, indicó.

Al finalizar este acto, el mandatario hidalguense abundó que gracias a la implementación de esta normativa se abona a la transformación de las instituciones procesales para garantizar un desarrollo pleno y efectivo, en estricto respeto a los derechos humanos.


Con la puesta en marcha de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el gobernador del estado Julio Menchaca Salazar dijo que en Hidalgo está garantizado el acceso a la justicia de las personas.

Como jurista mexicano y ahora como mandatario estatal, el ejecutivo resaltó en su intervención mantener el compromiso en pro de la legalidad.

Siendo senador, Menchaca Salazar presentó junto a su compañero en la bancada Ricardo Monreal Avila, la iniciativa para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues explicó que el sistema de justicia en esta materia resulta lento, incierto, costoso y discriminatorio.

“Con la disparidad en los códigos, la justicia está muy alejada de las y los mexicanos. El reto es muy grande, pues la actualización debe involucrar a todos los actores sociales y políticos”, expresó y abundó que el proceso de implementación de estas nuevas disposiciones deberán concluir el 1 de abril del 2027.

Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, recordó que más del 75 por ciento de los conflictos a nivel nacional, lo constituyen controversias en el orden civil y familiar, por lo que resultó imperante construir bases que garanticen la autonomía orgánica del Poder Judicial.

“Reconocemos el liderazgo de tres referentes que han generado la sinergia histórica de este momento; Olga Sánchez Cordero, César Cravioto y Julio Menchaca Salazar”, manifestó.

Presente la senadora Olga Sánchez Cordero, reconoció el liderazgo de Menchaca Salazar al frente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y el impulso que le dio a la implementación de este procedimiento.

Además, agregó: “Estamos frente a un antes y un después en el derecho procesal, pues se está privilegiando el juicio digital y la oralidad sobre los procedimientos escritos, recordemos que la justicia es de fondo y no procedimental”.

Los ejes rectores de este código, señaló, tratan de una política social en donde se antepone la protección de niñas, niños y adolescentes, así como las medidas de protección inmediata en favor de las mujeres víctimas de violencia.

En tanto, la diputada federal Aleida Alavez Ruiz pronunció que toda persona tiene derecho a la justicia y el establecimiento de este modelo marca un parteaguas en México, pues a través de la regulación de la justicia digital, todos los procedimientos establecidos en el Código Nacional podrán tramitarse bajo la modalidad en línea.

Y el legislador federal Felipe Fernando Macias Olvera apuntó que para la aplicación de esta normativa será necesario impulsar capacitaciones a nivel nacional, a fin de vigilar su correcta instauración, “para que haya gobernabilidad tiene que existir justicia. El fin último es tener paz, armonía y convivencia social”, indicó.

Al finalizar este acto, el mandatario hidalguense abundó que gracias a la implementación de esta normativa se abona a la transformación de las instituciones procesales para garantizar un desarrollo pleno y efectivo, en estricto respeto a los derechos humanos.


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