Funcionario pretende quitar tierras, denuncian

MAXIMILIANO PÉREZ SÁNCHEZ

  · miércoles 21 de agosto de 2019

Mostraron los documentos que supuestamente avalan legalidad en sus tierras /ESPECIAL

Representantes y habitantes del Cerro de la Cruz y Ulapa aseguraron que un funcionario estatal intenta despojarlos de tierras que son propiedad privada, bajo el argumento de que siguen siendo ejidos del municipio de Tlahuelilpan, con lo que resultan afectadas más de 200 familias que tienen lotes en lo que un día fue el Rancho Cerro de la Cruz, conformado por 64 hectáreas.

De acuerdo con lo expuesto, cuentan con escrituras y un amparo de la Suprema Corte de Justicia que los acredita como propietarios, por ello se dieron a la tarea de poblar la zona al cien por ciento y meter los servicios básicos.

Ramiro Lozano, presidente de la asociación de colonos de Tlahuelilpan en el Cerro de la Cruz, agregó que hace dos sexenios el mandatario en turno ordenó que siguiera la legalidad en estos terrenos y en ese momento se sacaron las primeras escrituras.

Asimismo, hubo un convenio entre gobierno, autoridades agrarias y vecinos de Ulapa para que perdurara la paz. No obstante queda pendiente de escriturar al cien por ciento una parte de esta zona, aproximadamente 320 lotes, de los cuales unas 60 personas ya cuentan con escrituras y hay 200 más en proceso.

“Fueron 29 años de tranquilidad hasta que llegó Rodrigo León Cerón, director de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo y enlace de gobierno para decir que este predio es ejido y se debe indemnizar a los vecinos de Ulapa para cederlo a otras personas, con lo cual está actuando fuera de derecho, porque además todo está protegido por la Suprema Corte”, dijo Ramiro Lozano.

Según los quejosos, ya fueron amedrentados por el funcionario para que las cosas se hagan de otra manera, mientras que ellos (los agraviados) cuentan con toda la documentación que los hace acreedores de sus propiedades.

Agregan también que al presidente de Tlahuelilpan le fue cedido un predio en esa zona, con la intención de volverlo “avecindado” y en determinado momento se realice un probable despojo.

Piden al Ejecutivo estatal su intervención, porque él mismo autorizó que se apoyara a las familias para obtener sus escrituras, como se venía haciendo en anteriores gobiernos, señalaron los agraviados.