La Ley SB 1718 que entraría en vigor en el estado de Florida, Estados Unidos, que criminaliza la estancia indocumentada en ese lugar, también afectaría a los estadounidenses y ciudadanos que por su nombre, apellidos hispanos o su color de piel serían sospechosos de ser migrantes ilegales, comentó la directora de la Alianza de Minorías Migrantes (ONG), Elena Valdivia Sánchez.
Aplicaría el primero de julio, en tanto, las personas sin acreditar su vecindad legal en la localidad, la mayoría, dijo, no tienen la capacidad económica para cambiar de domicilio a los estados vecinos donde no sean perseguidos, ya que deben gastar dinero en contratar una mudanza y “empezar de nuevo” con un trabajo y renta de vivienda.
La SB 1718 propone criminalizar la estancia indocumentada y a todos los residentes de Florida, “a quienes abran su casa, negocio, vehículo o lugar de culto a los migrantes ilegales”, informó.
También prohíbe el uso de permisos de conducir válidos de otros estados que porten los indocumentados, obliga a los hospitales a recabar información sobre la situación migratoria de los pacientes y a presentar informes, y aumenta las multas por emplear a inmigrantes indocumentados; castiga con mayor severidad a los reincidentes en la contratación ilegal, impone severas penas de cárcel a los extranjeros que utilicen a sabiendas documentación falsa.
Derechos humanos
Valdivia Sánchez opinó que es una ley que no respeta los derechos humanos de quienes viven en el estado y atenta contra las libertades de quienes son originarios de Florida o cuentan con la ciudadanía, porque serían intervenidos por las autoridades al ser sospechosos por el simple hecho de llevar un nombre o apellido o color de piel hispano, y podrían acusar estas personas por discriminación o acoso.
Ella no considera que quienes son ilegales, no importa su nacionalidad, vayan abandonar la localidad, no habrá un éxodo, ya que se requiere dinero para mudarse e iniciar una nueva vida en otro lugar y no es fácil cuando se llevan años de vecindad en ese sitio.