El diputado local Luis Ángel Tenorio Cruz manifestó sobre la extinción de dominio que da certeza a que ningún político exgobernante o neorepresentante llegué a un cargo “para llevarse los bolsillos llenos”.
Apuntó que, actualmente, cuando se habla de acceso a la justicia es pareja, pues también se está “rascando a las actuales administraciones municipales, estatales OPDs (Organismos Públicos Descentralizados), sino hasta administraciones anteriores que dentro de Contraloría o los Órganos Internos de Control se genera con cinco años atrás”.
Abundó que son cinco años antes que la Contraloría del Estado tiene para investigar y darle seguimiento conforme a derecho.
Recordó el legislador y coordinador de la bancada morenista en el Congreso estatal que en esta Legislación se creó el Instituto Hidalguense para Devolverle al Pueblo lo Robado debido a que existe su homologo nacional, pero carece de la facultad en el ámbito local.
“El tema de combatir la corrupción es esencial a través de la extinción del dominio, ante las quejas que se han dado tanto de delegados como ciudadanos sobre el robo de diversas autoridades desde área verdes”, apuntó.
Abundó su participación en asambleas vecinales y han registrado histórico de presidentes municipales que han pedido la donación de comodato a los delegados y posteriormente emana la sorpresa: son propiedad privada.
Es por ello que, señaló, esta herramienta legal con la cual logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito, se garantiza el derecho de las personas a conservar espacios que a la ciudadanía pertenece.
Mencionó que en esos casos es una manera de recuperar espacios para la ciudadanía, “de devolverle al pueblo lo robado y, obviamente, que todo esto que se está generando”.
Expuso que esto da certeza a que “ningún político, ningún exgobernante o neorepresentante llegue a un cargo para llevarse los bolsillos llenos.
Tal como informó este diario impreso, a la fecha suman 272 inmuebles asegurados en Hidalgo para aplicar la extinción de dominio por estar relacionados con delitos de orden federal, de ellos el 86 por ciento se cometieron por el actual gobierno estatal de Julio Menchaca Salazar, el 14 por ciento restante corresponden a la gestión gubernamental del exmandatario estatal Omar Fayad Meneses.