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Desde el Congreso del Estado fueron exhortadas autoridades estatales en materia ambiental y sanitaria a atender como sancionar los daños que genera la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula a comunidades aledañas, pues se extienden hasta Tepeji del Río.
Además, el diputado local Alejandro Alcántara Carbajal y la Diputada Karla Perales Arrieta del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano (MC), presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de endurecer las penas por feminicidio y armonizar la legislación local con los estándares federales y las recomendaciones internacionales.
Consideró el diputado local que con este exhorto se busca que las autoridades correspondientes atiendan, resuelvan y sancionen a la brevedad el impacto ambiental y sanitario que la planta provoca en las comunidades aledañas tanto en el municipio que se encuentra asentada como con el municipio vecino Tepeji del Río, desde el 2015 que se asentó en tierras hidalguenses.
Hizo mención que los pobladores afectados ya recurrieron con el gobierno de Atotonilco de Tula en busca de una solución sin tener respuesta favorable
Las soluciones planteadas al municipio por parte de Conagua a cargo de José Luis Montalvo Espinosa, informó el 20 de junio del 2019, las acciones para evitar la proliferación de moscas, reducir los malos olores, pero estas propuestas generaron mayor preocupación debido a que científicamente se ha comprobado que el uso de plaguicidas pueden provocar patologías como cáncer o efectos devastadores a la naturaleza.
Por lo anterior, el diputado la calificó como una amenaza sanitaria debido a que los “lodos residuales generados por este proceso no son tratados de acuerdo y en apego a la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2022”.
Aumentar pena por feminicidio a 35 años
En la segunda intervención del diputado Alejandro Alcantara, propone modificar el artículo 139 Bis del Código Penal del estado, incrementando la pena mínima por feminicidio de 25 a 35 años de prisión, con una sanción máxima de 50 años.
Además, se aumenta la multa mínima a 500 días y la máxima a 1000 días. Estas reformas buscan alinearse con el Código Penal Federal, que estipula penas más severas para este delito.
En su exposición de motivos, el legislador subrayó la urgencia de esta reforma, pues los feminicidios en la entidad federativa han afectado a muchas familias, especialmente en los municipios del área metropolitana como Pachuca, Tizayuca y Tula de Allende, donde se ha registrado un alto número de casos en los últimos años.
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La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o familiares de las víctimas, lo que resalta la necesidad de fortalecer las penas para erradicar este flagelo, señaló el legislador.
La reforma también incluye medidas específicas para asegurar que los perpetradores de feminicidios pierdan todos los derechos relacionados con la víctima, incluyendo los de carácter sucesorio, garantizando así la protección de los hijos y familiares de las víctimas.
Aseguró el legislador emecista que la pena actual es insuficiente al no contemplar sanciones acordes a la gravedad del delito, y busca visibilizar la violencia extrema contra las mujeres, incluidas las mujeres trans.
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