La jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal de Veracruz, Fabiola Viridiana Ramos Castillo, concedió un amparo al exoficial mayor del gobierno estatal, Martiniano “N”, acusado del delito de peculado agravado como parte del esquema de corrupción conocido como la “Estafa Siniestra”.
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La juzgadora ordenó la reposición de proceso en contra del exfuncionario estatal, debido a que el Ministerio Público violó el principio de oralidad, y por ello se deberá reanudar el procedimiento penal a partir de su vinculación a proceso.
En la resolución, la agente del Ministerio Público leyó durante la audiencia inicial en contra del ex servidor público el pasado 23 de agosto la formulación de la imputación y los datos de prueba en su contra, razón por la cual se deberá reponer el proceso y con un juez diferente a quien ordenó su vinculación a proceso.
De qué se le acusa a Martiniano “N”
El pasado 22 de julio de 2023 elementos de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron al exfuncionario, acusado del delito de peculado por el desvío de 18 millones de pesos destinados para la compra de insumos para la atención de Covid-19 durante la pandemia.
En esa ocasión el exfuncionario estatal fue vinculado a proceso, pero se formuló una nueva imputación por peculado por 12 millones de pesos por servicios que tampoco se comprobaron durante la administración de Omar Fayad Meneses y por ello permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde entonces.
Estafa Siniestra, esquema de corrupción detectado en Hidalgo
Martiniano “N” es acusado de formar parte de una red de corrupción que el actual gobierno estatal investiga y denomina como “Estafa Siniestra”, en la cual presuntamente se desviaron más de 900 millones de pesos durante el último año de la administración anterior y en la que están involucrados exalcaldes y exfuncionarios estatal.
Hasta el momento, sólo el exalcalde de Epazoyucan, Fidel “N”, ha sido sentenciado a ocho años de prisión y el pago de más 4.2 millones de pesos como parte de la reparación del daño, mientras que otros exfuncionarios intentan acogerse a criterios de oportunidad.