El presidente de la sociedad “Cárnicos de la Zona Metropolitana de Pachuca”, Joel Hernández Otamendí, desmintió que el Rastro Municipal de Pachuca trabajé en condiciones insalubres, ya que hay un equipo multidisciplinario para vigilar la higiene e inocuidad de los cárnicos. “El Rastro Municipal de Pachuca es un servicio, no un negocio”, dijo.
Lo anterior luego de las señalizaciones del regidor Ricardo Islas Salinas, quien aseguró la ausencia de las condiciones adecuadas para el sacrificio de animales y, por tanto, del producto final, que es la carne.
En entrevista con este medio, Joel Hernández Otamendí expresó que la operación en cuanto al sacrificio animal y producto final depende de la sociedad, cuyos 42 trabajadores pagados por la sociedad, están certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
Para garantizar el buen manejo interviene la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH) con veterinario, así como de la presidencia municipal de Pachuca, el cual es representado por un Comité de Vigilancia, actualmente presidido por Juan Carlos Fragoso Oropeza.
Precisó que en corresponsabilidad el municipio, a través de una bióloga, opera la planta de tratamiento y los biodigestores, porque el reciclamiento final es dirigido a jardines y parques de la ciudad.
El entrevistado explicó que desde 2008 la sociedad trabaja con contrato de comodato, así acordado en anteriores administraciones, ya que es un bien municipal y solo son encargados de que los cárnicos se manejen de forma adecuada.
Desde entonces se ha trabajado con recursos propios para mejorar el rastro. Con el objetivo de avanzar, se buscó a Sagarpa, ya que se requería una inversión de 90 millones de pesos, finalmente se lograron 49 millones de pesos con el entonces apoyo del gobierno municipal de Eleazar García Sánchez.
Con ese monto se adquirió maquinaria y la mecánica necesaria para habilitar las áreas de sacrificio animal, así como de corralones, canales lo que no ha sido suficiente, porque se requiere de más recurso. “Poco a poco los estamos logrando y falta poco para lograr la certificación Tipo Inspección Federal (TIF)”.
Luego, en el gobierno de Yolanda Tellería Beltrán se alcanzaron 2 millones de pesos, invertido en la mejora de instalaciones, como el drenaje, pero en la empresa contratada por el municipio, no lo dejo en las condiciones óptimas.
Respecto al contrato en comodato el cual venció el 4 de septiembre de 2020, el entrevistado dijo que se ha insistido con la presidencia municipal, pero hasta la fecha, por la situación de la pandemia del Covid-19, no se ha llevado a cabo.
“La asamblea que son los regidores y síndicos no nos han recibido. Nos gustaría platicar, con hechos, en la mesa. Las puertas abiertas, no escondemos nada. El regidor quiere hacer negocio, sabemos que lo ofrece a otras personas, incluso externas y no lo permitiremos. Ni siquiera él conoce la situación del Rastro”.