Durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pobladores de San Agustín Metzquititlán acusaron daños irreversibles al ecosistema por la extracción, presuntamente, clandestina de material pétreo al Río Santiago.
Este cauce pertenece a la Barranca de Metztitlán, protegida por la UNESCO, y desde el 4 de junio del 2020 comenzó el saqueo.
Fue el 14 de julio del 2022 cuando vecinos denunciaron el hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Hidalgo, tal como indica el documento que obra en poder de El Sol de Hidalgo.
Los pobladores organizaron la Agrupación en Defensa por el Río Santiago, y entre sus agremiados está la delegada de San Francisco de San Agustín Metzquititlán, Brenda Guadalupe Santiago.
Ella acompañada de unas 20 personas de tal asociación, informaron que la responsabilidad del daño recae en Manuel Téllez Romero, alcalde de San Agustín Metzquititlán, "causó un ecocidio al río Santiago, es un robo que le hicieron a la nación, no sólo al municipio. Es una burla que nuestros alcaldes sigan con estos actos, nos han amedrentado, hecho muchas cosas. Las denuncias siguen en Profepa y Semarnat sin que avance", agregaron, “Profepa ha actuado de manera parcial”.
Indicaron que la UNESCO tampoco ha hecho eco a sus señalamientos, por ello asistieron a la visita del mandatario federal López Obrador a Metzquititlán.
Explicaron en entrevista que pidieron la intervención tanto del ejecutivo federal como estatal a fin que haya justicia, pues indicaron que el material como piedra y arena fue destinado presuntamente a propiedades del presidente municipal.
Detallaron que el nueve de junio del año pasado, la población obligó a frenar los trabajos de la sustracción. Ahí descubrieron que las empresas dedicadas a estos trabajos carecían de permisos oficiales emitidos por las instancias ambientales tanto del municipio, estado como de la Federación.
Sin embargo, según las empresas que ahí laboraban, fue el mandatario Manuel Telles quien emitió la autorización para explotar el cauce del río.
Detallaron que la denuncia actualmente fue dirigida a los delitos contra el medio ambiente y está en contra del alcalde como ciudadano a fin que le ley no deje impune por terminar su periodo de gobierno, pues de lo contrario la multa recaerá en el municipio.
Indicaron que dentro de sus indagaciones, fueron enterados que se han extraído cerca de 180 mil metros cúbicos de piedra para grava y arena, aunado a una profundidad de siete a ocho metros, "ocasionando grandes daños, porque el agua perdió su camino natural, no hay agua para los cultivos. El alcalde sigue protegido, porque ni Conagua ha dado un dictamen ni Profepa de los daños, ni la autoridad estatal".