Bancadas partidistas en el Congreso de Hidalgo aprobaron por unanimidad la reforma a la Constitución Política en materia de extinción de dominio, entre otras cosas porque la corrupción le cuesta al país unos 21 mil 900 millones de pesos al año y los delitos de huachicol dejan pérdidas a la Nación por 66 mil 300 millones de pesos.

Esto al presentarse en la sesión extraordinaria de ayer, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual amplía el catálogo de delitos en que será procedente la extinción de dominio.

Entre ellos, los de corrupción, encubrimiento, los cometidos por servidores públicos, los recursos de procedencia ilícita, la extorsión, en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Estos delitos, se argumentó, además de lastimar seriamente la vida social e institucional, tienen un altísimo impacto económico, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCD) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Congreso Local realizó esta aprobación como parte del Constituyente Permanente que integra con el resto de los congresos locales del país.

Por otra parte, ayer se propuso reformar el Código Penal y las leyes estatales para la Familia y de los Derechos de los Niños y Adolescentes, a fin de que no se les someta a torturas, a penas crueles, inhumanas o degradantes, bajo el pretexto de educarlos.

La legisladora Lisset Marcelino Tovar, de la bancada de Morena, propuso una iniciativa con proyecto de decreto, en la cual señaló que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a implementar mecanismos para que niños y adolescentes no sufran castigos corporales o violencia como método de corrección o disciplina.