Tres personas más relacionadas con el caso de Gerardo N. N., presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fueron detenidas por personal ministerial de la Fiscalía General de la República.
Juan Manuel, María Luisa y María Cruz fueron aprehendidos horas después del aseguramiento del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Ciudad de México, y fueron trasladados al penal del Altiplano en el Estado de México para ser puestos a disposición de un juez de control.
En la audiencia de este martes que se llevó a cabo en los juzgados del Altiplano, los fiscales Imputaron a Gerardo N. N. y a los otros tres detenidos, el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
Las fuentes ministeriales consultadas informaron que hay más personas vinculadas al caso, por lo que faltan de cumplimentar órdenes de captura. Entre ellas, las de Adriana y Ana Carmen, hijas del ex rector.
De las investigaciones se desprende que, en 2019, la Universidad Autónoma del Esta do de Hidalgo entregó, según el rubro becas y otras ayudas para programas de capacitación, cerca de 800 mil pesos a Adriana, hija de Gerardo N. N., siendo éste presidente del patronato universitario, área de la universidad investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito público.
La UIF informó que en 2019 presentó ante la Fiscalía General de la República tres denuncias contra Gerardo N. N. por los delitos de Lavado de dinero, Peculado y Defraudación Fiscal. A la fecha la UIF tiene congeladas diversas cuentas bancarias por movimientos inusuales en el sistema financiero los cuales ascienden a 151 millones de dólares.
“La UIF solicitará que le otorguen el carácter de víctima y ser coadyuvantes en los procesos jurídicos de todos los casos. De esta manera la institución refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”, señaló la UIF.