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Para proyectos de remodelación, construcción, ampliación y mantenimiento de los planteles educativos de nivel básico, cada centro educativo puede recibir hasta 600 mil pesos de forma anual como parte del programa “La escuela es nuestra”, los mismos que en caso de no ser comprobados pueden derivar en responsabilidades penales, informó el delegado de los programas sociales en la entidad, Abraham Mendoza Zenteno.
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El funcionario federal explicó que desde que comenzó la actual administración federal en diciembre de 2018, se han destinado más de dos mil 736 millones de pesos en más de 12 mil centros escolares públicos como jardines de niños, primarias, secundarias, así como de educación inicial y del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe).
De acuerdo con el responsable de los programas sociales en la entidad, para este año se apoyarán a cerca de dos mil 50 planteles educativos con una inversión superior a los 450 millones de pesos, por lo cual recalcó que se aplican los recursos económicos con respecto a la matrícula escolar.
Agregó que aquellas escuelas que tienen menos de 50 alumnos reciben cerca de 200 mil pesos, mientras que los que tienen entre 51 y 150 estudiantes reciben 250 mil pesos y para los que cuentan con más de 150 escolares, obtienen 600 mil pesos, los cuales se destinan directamente a los comités escolares de participación ciudadana que están integrados por padres de familia.
Asimismo, indicó que son los padres de familia, así como los docentes quienes determinan el uso de los recursos económicos que destina el gobierno federal conforme las necesidades de cada plantel educativo, pues en algunos casos optan por la construcción de techados, otros por aulas y algunos más por sanitarios.
En aquellos planteles educativos que no comprueben el uso de los recursos económicos pueden incurrir en responsabilidad penal, por lo cual en la actualidad la delegación de los programas sociales revisa a cinco escuelas de Pachuca y Tula que aún tienen tiempo para fiscalizar la aplicación del dinero, pues en caso de no hacerlo podrían incurrir en delitos como peculado.
Mencionó que se ha tratado de un programa exitoso, pues de las más de 12 mil escuelas públicas que han sido beneficiadas con este programa apenas cinco han presentado algunas irregularidades, por lo cual cada comité escolar recibe el acompañamiento de personal de la Secretaría de Bienestar federal para que gasten de forma adecuada los recursos económicos.
También indicó que sólo hay 20 escuelas públicas en el estado que no han sido beneficiadas por parte del programa federal, por lo cual esperan que con el siguiente gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum a partir de octubre se incrementen los recursos económicos de esta política.
Para la implementación del programa federal, el ex dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que en primera instancia se destinaron a las zonas de mayor marginación en el estado, posteriormente se orientaron en zonas de pueblos originarios y finalmente las áreas con alto índice de inseguridad y violencia.
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Para este año Mendoza Zenteno manifestó que el criterio fue atender a las escuelas que no habían recibido nunca el beneficio, por lo cual los padres de familia conocieron de forma transparente y sin intermediarios la aplicación de los recursos económicos para atender las necesidades de los planteles educativos.
Entre las reglas de operación del programa federal se establece que para los proyectos de infraestructura se necesita del acompañamiento de un director responsable de obra y toda la información sobre el uso de los recursos económicos debe ser resguardada por cada comité escolar por un plazo de cinco años.
Además, las escuelas beneficiadas pueden volver a participar en el programa y es concurrente, es decir, que los planteles educativos pueden recibir recursos económicos adicionales de programas que implemente el gobierno estatal, y al cierre del ciclo escolar deben comprobar el uso del presupuesto.
Los comités escolares se definen a través de una asamblea en la que se elige a los integrantes con una persona que funja como tesorera, así como a los vocales, quienes son los responsables el uso de los recursos económicos que destina el gobierno federal.
