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Situaciones de maltrato, no reconocimiento de los derechos humanos, condiciones infrahumanas, condiciones antihigiénicas y sobrepoblación, forman parte de los hallazgos encontrados en las supervisiones a las granjas, anexos o centros de rehabilitación, denominados por la Secretaría de Salud de Hidalgo como “establecimientos residenciales”.
Es lo que informó la psicóloga Patricia Vega López, subdirectora de Coordinación Sectorial en Salud Pública de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Hidalgo, quien precisó que esos tienen como función dar atención y control de las adicciones (a sustancias lícitas e ilícitas).
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El control y sanción a esos establecimientos residenciales le corresponde a la Comisión de protección contra riesgos sanitarios de Hidalgo (Copriseh), precisó.
En el estado hay un censo de 45 de esos sitios de los cuales sólo hay reconocidos que cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM-028) siete: cinco privados (tres en Tizayuca, uno en Pachuca y en Zempoala), y dos oficiales de la SSH: uno en Pachuca y el otro en Tulancingo, enlistó.
Juana Trejo Gamero, es la trabajadora social y encargada de supervisarlos, y junto a la Comisión Mixta, integrada por la Comisión de Derechos Humanos, Procuraduría General de Justicia, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Protección Social, todas estatales y la Copriseh, lo verifican, subrayó.
Si alguien que estuvo en uno de esos establecimientos residenciales tiene una denuncia o su familiar, puede llamar al 018009112000, o mandar un escrito a la Subsecretaría de Salud Pública del estado, en ambas modalidades hay que proporcionar la ubicación, informó.
En 2021 recibieron 10 quejas, aproximadamente, y en este 2022 suman ocho, “y se ha dado atención” a todas, en las encontraron lo ya descrito; a la dependencia de la entrevistada le corresponde hacer las observaciones que deben ser corregidas en un lapso de dos a tres meses y a la Copriseh sancionar y clausurar o suspender el lugar.
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Resaltó que ningún adicta, mayor de 18 años, puede ser ingresado contra su voluntad, ya sea por un familiar u otra persona, porque violan su derecho a decidir, salvo en caso de que sea un menor de edad, los papás deben firmar un consentimiento.
Para la especialista en la salud mental, se debe difundir la existencia de estos establecimientos, “pueden ser funcionales por la importancia del servicio” y la gente debe informarse.
Es la Copriseh la que cuenta con el número de los que han sido sancionados y cerrados temporalmente, señaló.
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