Clientes de la firma jurídica Díaz, cuyo propietario, Francisco Díaz “N”, fue vinculado a proceso, denunciarán al despacho jurídica por fraude y abuso de confianza al solicitar recursos económicos para casos nunca avanzaron.
Un total de 32 clientes de distintos casos que desarrollaba la firma jurídica señalaron que desde que el jurista fue detenido y posteriormente vinculado a proceso el pasado 17 de enero, no han tenido acceso a la información de sus expedientes y por ello contemplan interponer denuncias individuales por las irregularidades del despacho jurídico.
Los clientes afectados señalaron que se reunirán este lunes con el subprocurador oriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Caleb Guadarrama Martínez, para que los asesoren sobre las acciones legales que pueden desarrollar en contra del despacho jurídico, pues algunos pagaron entre 80 mil hasta dos millones de pesos para distintos casos legales que no prosperaron.
De acuerdo con los inconformes, desde que la PGJEH resguardó la información legal vinculada a los casos que manejaba el despacho jurídico no han tenido acceso a los números de las carpetas de investigación, así como fechas de procesos de sus expedientes.
Por ello, buscarán el acompañamiento de la procuraduría estatal para determinar si interpondrán la denuncia colectiva o se realizará de forma solitaria, ya que suponen que existen casos en los que ni siquiera se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y fueron defraudados por los abogados del despacho jurídico.
De la misma manera, aseveraron que dos clientes tienen documentos que parecen falsos y otros tres piensan que los abogados de la firma tomaron el dinero que les solicitaron para llegar a acuerdos con las partes involucradas, por lo cual relataron que de forma constante les solicitaba dinero para avanzar en las investigaciones de los casos penales, civiles y mercantiles sin obtener alguna resolución al respecto.
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El pasado 12 de enero el propietario de la Firma Díaz fue aprehendido por elementos de la policía investigadora y el 17 de enero fue vinculado a proceso por el delito de fraude por 62 millones 864 mil 61 pesos que cobró por conceptos de fianzas y contrafianzas a una clienta por un juicio civil, por lo cual permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.