La polémica del financiamiento público a los partidos que ha permeado entre la sociedad, que los critica y en algunos casos está a favor de que se les retire totalmente, por los casos de corrupción y desvío de esos recursos registrados en algunos institutos políticos, se puede resolver si el árbitro electoral sea el que pague los servicios y bienes que erogan, contratan o arrendan los organismos partidistas en Hidalgo. Señaló lo anterior el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Pablo Gómez, como una forma de evitar el dispendio, recuperar la credibilidad hacia los partidos desde la óptica ciudadana y abrir otro canal de transparencia y rendición de cuentas a la que “estamos obligados cualquier partido”.

Una opción para que los institutos políticos no toquen el dinero que reciben por prerrogativas, dijo, es que el propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o el Instituto Nacional Electoral, administren los recursos y los vayan liberando según se presenten las facturas o comprobantes fiscales, hoy digitales, de los gastos operativos. Además, precisó que cuando un funcionario o representante de un partido político sale a la escena a decir que ya no haya financiamiento público, debería complementar la frase con información "de que los partidos recibimos prerrogativas de diferentes formas”: por actividades electorales, actividades ordinarias, actividades específicas y por el mínimo que se otorga para operatividad.