Ante los constantes hechos violentos que ocurren en todo el territorio nacional, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al gobierno federal a diseñar una estrategia de seguridad que ponga al centro a las personas.
“Desde el sector empresarial vemos con extrema preocupación que la inseguridad y la violencia se han recrudecido y expandido prácticamente por todo el territorio nacional, violencia que en los últimos días ha alcanzado a centros laborales que son la fuente de ingresos de miles de mexicanos”, señaló el organismo.
En este contexto, el organismo empresarial demandó al gobierno federal que se garantice la paz, así como la seguridad física y patrimonial de los mexicanos, “y que las autoridades cumplan con su función en lugar de evadirla”.
El sindicato patronal, que en Hidalgo encabeza Juan Manuel Batres Campos, condenó toda forma de violencia y reprobó los recientes actos suscitados en distintos puntos del país con el objetivo de infundir temor entre la población.
“La situación actual es insostenible y la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas”, dijo.
La Coparmex reiteró que la política de los abrazos no funciona y las pruebas son los hechos registrados en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez.
Además, de acuerdo con datos de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 67 por ciento de la población del país se siente insegura.
En tanto, en Hidalgo, en donde han acontecido asesinatos a mano armada en pleno centro histórico de Pachuca, la percepción de inseguridad en la capital incrementó con respecto a la medición de marzo, al pasar de 53.1 a 53.4 por ciento. Coparmex señala que la situación no solo deteriora la economía nacional, enrarece el ambiente de negocios y es un factor más que inhibe la llegada de nuevas y muy necesarias inversiones al país.