Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó tres de seis etapas del Decreto 576 de la Consulta Indígena, el diputado Miguel Ángel Martínez, precisó que no invertirán un recurso extraordinario, porque hay una póliza de garantía para la reposición del proceso.

“Como en todo contrato hay cláusulas que salvaguardan los intereses y sobre todo cuando se manejan recursos públicos. El área administrativa realiza la revisión de dicha documentación para validar la póliza”.

Como presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas comprometió sus mejores esfuerzos para subsanar la Consulta y que no tenga que resolverlo la siguiente legislatura.

El costo de la consulta fue de 9.7 millones de pesos. El diputado no especificó los criterios para hacer válida la póliza.

Mediante Boletín Oficial de la SCJN, el número 463, se hace mención que deberán reponerse etapas o fases de la Consulta, desde la denominada Deliberativa en adelante, "de modo que las etapas anteriores deben considerarse válidas, "pues hay que recordar que la Consulta consta seis fases:

Uno, la Preparatoria (diseño y metodología); dos, Acuerdos Previos, integrada por Foros Regionales para la implementación, así como la aprobación de las bases y protocolo en donde se definieron: sujetos, materia y objeto de la Consulta, en esta radica la esencia de la consulta; tres, la Informativa, en donde se socializó la materia y objeto de la consulta, ante las comunidades indígenas.

Las que invalidó la SCJN fueron: la número cuatro, denominada Deliberativa, que es un periodo de análisis de las propias comunidades sin la intervención de autoridad alguna; cinco, Consultiva, en donde se recoge la opinión y se dialoga; seis, Ejecución y Acuerdos, es la aprobación o implementación de la medida legislativa.