El presidente de la Confederación Patronal de República Mexicana (Coparmex) Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos, criticó los recortes económicos que se contemplan en el Poder Judicial de la Federación (PJF) que plantea el gobierno federal para el paquete económico, ya que esta situación afectará la impartición de justicia en el país.
El líder del organismo empresarial en la entidad consideró que los recortes presupuestales que contempla entre 15 mil y 25 mil millones de pesos, representan una reducción del 31 por ciento del total de los recursos económicos que tiene este poder para el actual ejercicio fiscal.
De acuerdo con el representante de la Coparmex en el estado, se debe realizar un análisis y un diagnóstico general para conocer las formas más eficientes del gasto público para el Poder Judicial como lo establece el artículo 134 de la Constitución y así optimizar los mismos.
Agregó que con estos recortes se afectaría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la cual es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan un acto indebido en su función, aunado a que incrementará la incertidumbre jurídica en la elección de 2024.
Mencionó que estas reducciones pueden impactar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave para la historia del país, pues se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular como son la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, así como nueve gubernaturas, 30 congresos estatales y más de dos mil alcaldías del territorio nacional.
Asimismo, consideró que se debe incentivar un presupuesto responsable con mayor eficiencia en el gasto y así evitarse gastos innecesarios, por lo que reiteró en la importancia de realizar un diagnósticos serio sobre los recursos económicos que se pretenden recortar y cómo destinarlos de la mejor manera.
Indicó que una posible reducción del gasto del Poder Judicial de la Federación también puede afectar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, pues en México existe una elevada impunidad con menos del uno por ciento de los delitos que se persiguen y una disminución del mismo podría impactar en mayor medida para los actos jurídicos.