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Quien cometa la “imprudencia” de despidos masivos en el próximo relevo de las 84 administraciones municipales, las mismas autoridades que incurrieron en esta práctica serán las responsables, advirtió el contralor de Gobierno de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez.
Lo anterior luego de que algunos gobiernos locales pasados así lo hicieron y ahora hay laudos por millonarias cantidades impagables tanto por el municipio como del estado.
Subrayó que, aunque cada ayuntamiento tiene autonomía en sus decisiones, es fundamental seguir las recomendaciones necesarias para evitar problemas legales y financieros.
El contralor señaló que no se debe despedir al personal indiscriminadamente, en especial de los trabajadores sindicalizados, ya que ellos tienen derechos contractuales establecidos y pertenecen a agrupaciones gremiales. Despedir a un sindicalizado puede resultar en denuncias y demandas laborales inmediatas.
Insistió respetar la base sindical y abstenerse de despidos masivos de empleados de confianza y tampoco cambiarlos de área. Tienen que limitarse a relevos en mandos directivos para no generar más pasivos.
Respecto a las capacitaciones a personal de los ayuntamientos para el proceso de la entrega-recepción en la transición en los 84 ayuntamientos, dijo que los documentos deben integrar los requisitos básicos y, en caso de alguna deuda laboral, debe incluir el nombre de la persona afectada, el monto del laudo y si corresponde a la administración saliente, con la finalidad de que Contraloría inicie la investigación.
Además, es responsabilidad de los ayuntamientos realizar investigaciones sobre los servidores públicos que hayan causado perjuicios al municipio. En caso de despidos masivos o demandas laborales, los responsables serán los que ejecuten estas acciones.
En el sentido de hallar irregularidades, explicó que la Contraloría puede iniciar dos tipos de procedimientos: de responsabilidad de carácter administrativa grave o no grave, los cuales dependen del monto del laudo.
De tratarse de un finiquito y el pago de prestaciones laborales pueden considerarse faltas no graves; mientras que los salarios caídos y otras situaciones que dañen el patrimonio del ayuntamiento, son graves y se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar si tienen implicaciones penales.
Precisó que los laudos que ya existen y los juicios laborales que se llevan a cabo actualmente, pueden tardar hasta cuatro años para resolverse.
Despachos externos revisan cuentas públicas
El contralor estatal informó que han contratado 40 despachos externos para revisar 60 cuentas públicas de los organismos descentralizados y corresponden a la revisión del ejercicio 2023; otras serán directamente por la Contraloría.
Adelantó que el próximo 17 de julio acudirá a la entidad el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, para iniciar la auditoría nacional denominada Colmena, en la que revisarán la cuenta 2023 de los 30 municipios más grandes de Hidalgo.
Por otro lado, indicó que en el Gobierno del Estado tiene un padrón de 560 contratistas, cuando eran dos mil 100; mientras que proveedores hasta el momento son cinco mil 300, pues han dado de baja a 400.
