El Congreso del Estado de Hidalgo acató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cumplir con el derecho fundamental de las personas indígenas, a ser consultadas respecto de las medidas legislativas que inciden directamente en su ámbito jurídico.
El diputado Miguel Ángel Martínez Gómez expuso que para seguir con el ordenamiento, debe armonizarse y adecuarse de manera integral la legislación secundaria, complementando el marco normativo vigente que permita el acceso y el ejercicio pleno del conjunto de derechos de participación y representación política efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Hidalgo.
Precisó que dicho proyecto de reforma y adición fueron generados tras la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Hidalgo al resolver el juicio ciudadano TEEH-JDC-056/2018, que ordenó al Congreso estatal, realizar adecuaciones normativas a fin de garantizar la participación y la representación política indígena.
Sin embargo, ocurrieron las acciones de inconstitucionalidad 108/2019 y 116/2019 de la SCJN, declarándose la invalidez de los decretos al considerarse que el proceso consultivo previo a las reformas, presentó inconsistencias, haciéndose necesario que la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo, realice una Consulta a los pueblos y comunidades originarias y afromexicana.
También se realizó un Foro Estatal y tres Foros Regionales para el Diseño de las Bases para la Consulta Indígena del Estado de Hidalgo, en las cuales fueron recogidas diversas propuestas de actores sociales y representantes de comunidades indígenas, mismas que sirvieron para la emisión de las bases consultivas, así como de la convocatoria correspondiente.
Explicó que la reforma al Código Electoral estatal busca atender la vigencia y ejercicio de derechos político electoral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, desde los mecanismos de participación y de representación política, tanto en el régimen de los partidos políticos, como en el de sistemas normativos internos.
Las iniciativas de reforma fueron enviadas a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y posible aprobación.