El juez de control penal de Pachuca, Jesús Anim Ope Islas, vinculó a proceso a la ex alcaldesa de Pachuca, Yolanda "N", pero obtuvo la suspensión provisional por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades agravado, por lo que deberá 168 mil 894 pesos.
La síndica jurídica de Pachuca, Liliana Mera Curiel, aceptó la reparación del daño doble de 84 mil 447 pesos para la ex presidenta municipal emanada del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que se realizará la reparación del daño económico.
El juzgador impuso un espacio de 24 horas para cumplir con la reparación del daño, además, la suspensión provisional se dictaron seis meses, y los montos económicos pendientes deberán aplicarse en las cuentas del banco.
Con la suspensión provisional; se deberá emitir una disculpa pública a los agraviados, residir en su domicilio habitual, no salir al extranjero, por lo que una vez que se obtenga la reparación del daño se concluirá la causa penal contra la munícipe.
La exalcaldesa es acusada de de firmar convenio de jubilación de Teresa Martínez Barrera, ex directora de Recursos Humanos de su gobierno, pese a que sólo había laborado en el ayuntamiento por tres años y no los 25 años que establece la ley.
En marzo pasado la ex edil de Pachuca fue citada a la audiencia inicial contra este ilícito, sin embargo, el juez liberó a la ex munícipe, debido a que consideró que el Ministerio Público no presentó documentos sólidos para comprobar sus acusaciones en su contra.
De esa forma concluyó la audiencia inicial en los juzgados de oralidad ubicados afuera del Centro de readaptación social de Pachuca y minutos antes de la medianoche del 24 de mayo quedó en libertad, su familia la esperaba, luego de que a las 11 de la mañana fuera detenida por agentes de la Policía Investigadora en el Centro Cívico de la capital, cerca de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia estatal.
Posteriormente fue ingresada al penal ubicado en el bulevar Minero, fue vinculada a proceso por el presunto delito mencionado y tras la audiencia inicial que duró más de tres horas se le decretó su libertad inmediata.
Por su parte, a la exdirectora de Recursos Humanos le fue suspendida su jubilación y consiguiente pago mensual, por lo que interpuso un juicio en materia laboral contra el ayuntamiento capitalino que encabeza Sergio Baños militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que a la fecha no se ha concluido, de acuerdo con información de la alcaldía.
