La estrategia del gobierno federal para controlar el precio del gas LP al consumidor acompañado de la creación de la paraestatal Gas del Bienestar no va tener los resultados que esperan las autoridades y la población, debido a que las grandes empresas que dominan el sector mueven grandes volúmenes del energético y les permite abarcar amplio territorio de distribución.
Ese es el punto de vista del presidente de la Barra Colegio de Abogados de Hidalgo, Juan Manuel Batres, quien agregó que el enfoque que le dieron en la federación a la empresa que fundaron “fue pensando en un tema político, más que económico y social”.
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Para lograr su pretensión, informó, debieron modificar el artículo 42 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y dar paso a la constitución de la paraestatal, y otro cambio fue que recayó en la Comisión Reguladora de Energía fijar los precios máximos por litro y kilo del combustible.
Aunado a que, mientras para una persona común o empresario que aspire a poner una planta de distribución de gas LP debe cumplir con los requisitos de ley y puede tardar hasta 18 meses la autorización, Gas del Bienestar lo consiguió en “menos de tres meses”.
Mientras tanto la venta se está dando en la Ciudad de México, en alcaldías donde pueden captar cientos de clientes, pero se hace con un enfoque más publicitario, que de otra cosa, afirmó.
La única forma en que ve una competencia y quizá provocar una disminución en el precio, sería “subsidiarlo” porque en este país “debe haber la libre competitividad sin violar leyes y marcos regulatorios”.
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