Los integrantes de la asociación civil Fraccionamientos del Sur con la orientación y asesoría de Edgar Baca, director de Operación y Sustentabilidad del Suelo y Vivienda de la Comisión estatal de vivienda (Cevi) del gobierno de Hidalgo, van a recuperar sus áreas verdes y terrenos de donación que estén invadidos o por supuestos actos de corrupción los hayan vendido los gobiernos de Pachuca, Zempoala y Mineral de la Reforma.
“Está complicado”, pero no imposible, reconoció la presidenta de la agrupación, Lilia Vega, que es respaldada por aproximadamente 30 mil familias que compraron una vivienda en el polígono que integran esas tres alcaldías. Dijo que son compromisos establecidos de largo plazo en su movimiento para que las inmobiliarias y los gobiernos junto con los vecinos corrijan las anomalías como inundaciones, falta de agua potable y otros servicios, que se han deteriorado con el paso del tiempo, pero que nadie de las administraciones públicas se compromete a darle mantenimiento, reparación o solución.
Aceptó que no cuentan con un inventario de cuántas áreas verdes, que son zonas obligadas que debe entregar una constructora, así como tampoco saben el número de predios que también es obligatorio que las empresas donan para lo que a futuro demande la densidad de población, como un mercado, un centro de salud o escuela, enlistó. “Es pedir lo justo por el patrimonio que compramos”, dijo a nombre de los más de 30 mil propietarios de casas ubicadas en la zona conocida como Matilde. Sospecha que los gobiernos de Pachuca, Zempoala y Mineral de la Reforma son cómplices de la venta de los terrenos donados y áreas verdes que no se incluyeron en los fraccionamientos o que ahora están en manos de particulares.
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