Hace un año, durante la crisis de abasto de combustibles en las gasolineras del centro, bajío y occidente del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con intenciones de inhibir el huachicoleo, declaró que no habría tolerancia a quienes cometan ese delito considerado grave.
Por el cierre de ductos y la transportación de combustible en pipas, el presidente anunciaba el Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos, con participación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; las de Gobernación y Hacienda, la del Trabajo y la Profeco, entre otras dependencias.
Había que resguardar 58 instalaciones estratégicas de Pemex: seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de ductos.
Los periódicos, radiodifusoras y sitios web de Organización Editorial Mexicana (OEM), en enero del año pasado dieron cuenta de manera puntual y oportuna, de que la Presidencia de la República enfrentaba uno de los mayores retos de la economía nacional:
La estabilidad financiera de los energéticos, la falta de gasolinas en estados, que a su vez, todo este fenómeno se enmarca con la sangre de violencia por el fenómeno del huachicoleo o robo de combustibles.
HUACHICOLEO, ES DELITO GRAVE
El 6 de noviembre del año 2014, la cámara federal de diputados avaló el dictamen que reformó diversas disposiciones judiciales a fin de tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos, y estableció penas de prisión de hasta 11 años y multas de hasta 13 mil días de salario mínimo.
Esa reforma establece que la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, será sancionado como delito de la delincuencia organizada.
Cuando la cantidad sustraída sea de 300 litros o menor, se aplicarán pena de prisión de seis meses a dos años y de 100 a 500 días multa. Y si la cantidad es mayor de 300 litros y menor de mil litros, se establecerán penas corpóreas de dos a cuatro años y de 500 a mil días de multa.
Alternamente el presidente mencionó que enviaría al Congreso federal, una iniciativa de ley para prohibir y regular la venta en ferreterías, de las válvulas que se utilizan para instalar tomas.
El ingeniero Juan Francisco Rivera Cavazos, encargado de la reparación de ductos de Petróleos Mexicanos, en la conferencia de prensa mañanera, secundó que las reparaciones a los ductos perforados por los huachicoleros, tardan de una o dos y hasta doce horas, por la seguridad que tiene que ver para los trabajadores de Pemex, y hacer los trabajos de recuperación de todo el producto.
No soslayó que han tenido que abatir incendios ocasionados por las fugas de gasolina en los poliductos.
Esto último, luego de que diera a conocer que por cuarta ocasión en breve tiempo, fue saboteado el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, encargado de abastecer de 170 mil barriles diarios de combustible al centro de almacenamiento que distribuye en la Ciudad y al Estado de México.