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Por no existir las condiciones de seguridad, de convivencia y que el anterior lunes y martes (siete y ocho de octubre) se registraron actos vandálicos en contra de algunos inmuebles de los 170 desplazados de Coamila, Rancho Nuevo, Huejutla, se canceló el retorno de este grupo como se había acordado con las autoridades estatales y federales, informó Diana Garrett del Río.
Debido a que este miércoles nueve de octubre los integrantes de la iglesia bautista La Gran Comisión que fueron desterrados de dicha comunidad el anterior 26 de abril y que viven refugiados en la unidad deportiva municipal Colalambre, sostuvieron una reunión en la que rechazaron su regreso a sus viviendas a las que les cortaron los servicios básicos urbanos por sus vecinos católicos, y al concluir ésta, tanto Juan Nicolás Solórzano como el pastor Rogelio Hernández Baltazar fueron requeridos para una junta con autoridades locales, no pudieron ser entrevistados como se había acordado.
La profesora Diana Garret, quien forma parte de un grupo de mensajería digital integrado por varios de los 170 evangélicos que expulsaron por intolerancia religiosa hace 167 días, mostró videos, audios e imágenes de las supuestas condiciones insalubres en que viven en Colalambre.
Apuntó que con autorización de ellos y del abogado de los desplazados, José Santander, quien pidió difundir el material a la prensa, compartió copias digitales para este diario del caso que comenzó el pasado 26 de abril, que no ha sido solucionado por los tres niveles de gobierno.
Según ya había acuerdos entre funcionarios de la Dirección estatal de Asuntos Religiosos, Subsecretaría de Gobierno para la Huasteca, Presidencia Municipal y las autoridades comunales de Rancho Nuevo a la que pertenece Coamila, para que retornaran a sus casas los 170 desterrados, entre infantes, jóvenes y adultos, entre ellos algunos enfermos, informó.
Recordó que por lo cual, el lunes y martes anteriores, 13 hombres, uno de estos Juan Nicolás, acudieron a Coamila, sin presencia de funcionarios ni Seguridad Pública estatal o municipal, únicamente acompañados de José Antonio Vital Pérez, supuesto representante jurídico del gobierno de Huejutla, para conocer las condiciones de las viviendas, tierras de cultivo y el templo La Gran Comisión, de los expulsados.
Detalló que el lunes comprobaron que no se cumplieron las condiciones de reconexión de servicios básicos, restitución de milpas, desbloqueo de algunas casas, y al otro día se habían cometido actos vandálicos como la perforación de dos tinacos para agua potable, uno de servicio a su iglesia y otro de una vivienda, que no estaban así el lunes y se observaron en imágenes donde aparece presuntamente José Vital.
Agregó que los desplazados habrían exigido que alguien, no ellos, debe pagar la reconexión con la Comisión Federal de Electricidad del servicio a sus hogares, ya que solo su personal está autorizado, de lo cual José Vital supuestamente les insinuó que se encarguen los dueños y no quienes les cortaron el cable.
“Se da marcha atrás inmediata con el retorno porque las condiciones no son adecuadas”, señaló a nombre de los evangélicos.
De acuerdo con los mensajes digitales del grupo, este viernes 10 de octubre ofrecerán una rueda de prensa Juan Nicolás Solórzano como el pastor Rogelio Hernández Baltazar, en Pachuca, para ampliar lo que ha sucedido a lo largo de los 167 días de su desplazamiento por intolerancia religiosa.
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