Las personas adultas mayores deberán considerarse dentro de los procesos de contratación laboral del gobierno estatal, municipios y organismos descentralizados, planteó Silvia Sánchez García, ya que el empleo se considera como una herramienta de inclusión social.
En su participación en tribuna, dijo que es importante promover acciones legislativas que permitan a las personas adultas mayores, consideradas de más de 65 años de edad, ser consideradas como individuos activos y útiles, con el objeto de combatir sensaciones negativas ligadas al desempleo o la depresión.
“Cabe mencionar que la participación de la población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad, tan solo por mencionar algunos elementos, a sus comunidades, centro de trabajo y familias.
Argumentó que es importante mencionar que la exclusión laboral de este sector de la población, se hace presente cuando se establecen limitaciones para el acceso a los distintos cargos dentro de la administración pública, al determinar un límite superior de edad.
Lo anterior, dijo, viola los derechos de no discriminación por razones de edad al estigmatizar a las poblaciones adultas mayores mediante la percepción de que el límite de edad superior se establece prejuzgando que en esa edad no se está en capacidad de afrontar altas responsabilidades.
De esta manera, se asegurará la igualdad y equidad de oportunidades entre los aspirantes a un mismo puesto, quedando prohibido la discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, las costumbres, la raza, o cualquier que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Está iniciativa con proyecto de decreto se adicionaría al párrafo tercero del artículo 4 de la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados de Hidalgo.