Tras detectar que los entes auditados realizan compras de forma fraccionada y así evaden la responsabilidad de hacer licitaciones, el auditor superior del estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel, propuso reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.
En el informe general presentado ante la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) del Congreso local, el titular del órgano de fiscalización presentó una serie de propuestas para reformar diversas leyes, entre ellas, la Constitución, la Orgánica Municipal y el Código Fiscal Municipal.
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En primer término, el auditor puso a consideración de los diputados locales reformar los artículos 53 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo: “Se ha detectado como práctica común que se efectúan mediante operaciones que se fraccionan para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública, por lo cual, para reducir la discrecionalidad y reforzar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas, ejerciendo los recursos públicos”, ello para agregar la restricción para realizar operaciones fraccionadas.
Ello, porque durante el desarrollo de la función fiscalizadora, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ha encontrado la problemática referente a los procedimientos de contratación que ejercen las entidades. Asimismo, se plantea cambiar la Ley Orgánica Municipal para cambiar la fecha de entrega de la Ley de Ingresos ante el Congreso local y que con ello se amplíe el plazo para su análisis, discusión y dictamen.
La propuesta consiste en adelantar la entrega y que en lugar de que el plazo para la entrega ante el Congreso local venza el 15 de noviembre, éste, concluya el 15 de octubre o a más tardar la segunda quincena.
Por ende, también se reformaría el plazo para que el Presidente municipal presente la propuesta de Ley de Ingresos para su discusión y análisis ante el Ayuntamiento, y en lugar de que sea el 15 de octubre, que se cambie al 30 de septiembre, y su aprobación a más tardar el 15 de octubre.
Armando Roldán también propuso modificar la Constitución en su Artículo 141 para poner un plazo de 100 días para aprobar modificaciones a los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
