Aprobada la reforma educativa en Hidalgo

Es el quinto Congreso estatal en hacerlo como miembro del Constituyente Permanente

JULIO HERNÁNDEZ

  · martes 14 de mayo de 2019

Diputados locales de Hidalgo aprobaron ayer la reforma constitucional en materia educativa, enviada el viernes por el Senado /EDUARDO DE LA VEGA

La Cámara de Diputados de Hidalgo aprobó por mayoría la minuta con que se reforman, adicionan y derogan disposiciones constitucionales en materia educativa, siendo el quinto congreso estatal en hacerlo después de los de Chiapas, Morelos, Colima y Zacatecas, y restando otros 27 como integrantes del Constituyente Permanente federal.

Fue con votos en contra de los panistas Liliana Luna Islas y Asael Hernández Cerón, y 25 a favor que sumaron los integrantes de las bancadas del PRI, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social y Morena, como se aprobó la minuta que será devuelta al Senado. A esta sesión faltaron tres legisladores: Areli Maya Mozalvo (PAN), Miguel Ángel Peña (PT) y Adela Pérez Espinoza (PRI).

En la sesión de ayer los panistas plantearon que la reforma educativa propuesta por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador es una ley a modo para los lideres sindicales del magisterio y que deja en estado de indefensión a los profesores, pues no hay claridad en cuanto a que el gobierno regirá las plazas.

En tanto, legisladores del PRI, Panal, PES y Morena manifestaron que con esta reforma desaparece una evaluación punitiva que afectaba la permanencia de los profesores en su trabajo; se obliga al estado a garantizar la educación media superior y superior, y se incluyen en la educación conceptos de equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia.

Igualmente, extingue el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, mismo que será organizado por un organismo público descentralizado que tendrá una Junta Directiva integrada por siete personas por elegir.

Asimismo, entre otros puntos, establece que los mexicanos serán responsables de que sus hijos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y “participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo”.


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