Los abogados Adrián Sauz y Mario Fernández interpusieron un amparo en el cuarto juzgado de Distrito de Hidalgo por actos de tortura y desaparición forzada cometidos presuntamente por la alcaldesa de Nicolás Flores, Marcela Isidro García, y el jefe de Seguridad Pública local, Pablo Trejo, contra Gabriel Ramírez Hernández, quien murió el pasado 28 de octubre tras la detención arbitraria de elementos de la policía municipal de esa demarcación.
De acuerdo con los juristas, el jornalero de la comunidad de Jahuey fue detenido el sábado pasado en el municipio por elementos de la policía municipal y fue trasladado al área de retención primaria del ayuntamiento de Nicolás Flores por supuestamente encontrarse en estado de ebriedad, sin embargo, sus familiares perdieron contacto con él y nueve horas después les comunicaron que falleció.
En la versión del secretario general del municipio, Benito Elizalde, la víctima falleció a consecuencia de una ulcera, sin embargo, Adela Ramírez Hernández, hermana del jornalero, señaló que no padecía ninguna enfermedad y posteriormente tampoco no les permitieron ver el cuerpo del fallecido ni por parte de las autoridades municipales ni por el Ministerio Público.
Los defensores legales de la familia de la víctima expusieron no se efectuó un dictamen legal, científico y técnico forense para conocer las causas reales de la defunción del jornalero, aunado a que les entregaron el cuerpo en una bolsa sin poder comprobar que se trataba de la víctima para efectuar el entierro en el panteón municipal.
Por ello, desconocen si realmente el cuerpo que fue enterrado se trata de Gabriel Ramírez y si las causas de la muerte fueron las que notificaron las autoridades municipales, pues reiteraron que hubo una serie de irregularidades en el caso desde el momento de la detención del jornalero, ya que tampoco se reportó su aprehensión por parte de la policía municipal por alguna falta administrativa.
Asimismo, enfatizaron que los familiares de la víctima consideran que podría tratarse de una venganza por parte de la edil, ya que el jornalero constantemente criticaba a la presidenta municipal por el incumplimiento en obras públicas para la comunidad de Jahuey, así como la ausencia de trabajo social, por lo cual presuntamente era una persona incómoda para la alcaldesa.
De la misma manera, comentaron que la presidenta municipal ha tratado de eximir de cualquier responsabilidad al jefe de la policía municipal, por lo cual decidieron interponer un amparo para que la autoridad judicial federal los obligue a entregar en un plazo de 24 horas un informe justificativo sobre las acciones que se desarrollaron y en caso de que no se entregue, podrían interponer una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por todas las irregularidades en el caso y que se vincularían con desaparición forzada y tortura.
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