Al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Edgar N. N., aprehendido en un cateo hecho en Ixmiquilpan por la Procuraduría general de justicia del estado de Hidalgo, le otorgaron un amparo contra probable incomunicación, posible orden de traslado, extradición y su ejecución, entre otros reclamos.
Lo anterior, según el Número de Expediente Único Nacional 33449188 y Número de Expediente Asignado 1629/2023 radicado en la mesa 3 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo del Poder Judicial de la Federación.
A favor del aún legislador local, quien se encuentra privado de su libertad tras su detención el pasado jueves en una vivienda situada en el municipio de Ixmiquilpan, fue promovido el juicio de amparo el pasado 21 de septiembre, ingresando éste el mismo día.
Los actos reclamados, supuestamente fuera de juicio, serían “incomunicación, posible orden de traslado, extradición y su ejecución y otras” como “la posible desaparición forzada de la que se dice están siendo objeto Edgar…”, precisa el acuerdo del 21 de septiembre que es público en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
Y se agrega en el acuerdo: “… se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que de inmediato cese cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22, constitucional; esto es, pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, y cualquier otra pena inusitada y trascendental, como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación; y como consecuencia de ello, la desaparición forzada de los quejosos”.
Y advierte a la PGJEH: “Queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable informar dentro del término concedido (veinticuatro horas) sobre el cumplimiento de esta determinación. Se hace del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad responsable que no acate lo ordenado en la presente suspensión, ello en términos del ordinal 262, fracción III, de la Ley de Amparo”.
Además de la PGJEH, serán enterados del caso otras autoridades: Agencia del Ministerio Público Investigador Grupo Antisecuestros de la Procuraduría, Décimo Octava Zona Militar, Fiscal General de la República en el Estado de Hidalgo Centro de Reinserción Social de Pachuca, Hidalgo, director de la Policía Investigadora en el Estado de Hidalgo de la PGJEH, director General de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro.
Asimismo, al secretario de Seguridad Pública del Municipio de Mineral de la Reforma, Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Pachuca, Hospital General de Pachuca, Hospital Psiquiátrico "Villa Ocaranza”, Policías de Investigación de la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Policías de la Agencia de Seguridad e Investigación del Estado de Hidalgo y director de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.
La autoridad que lo tenga detenido, ordenó el juez, deberá acatar esta orden “e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada” y, además, deberá brindarle, en caso necesario, “atención médica inmediata, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas”
La resolución inicial ocurrió ayer y se publicó hasta este martes, y en ella se da cuenta de que el actuario del caso informa que localizó al legislador del PT en el área de Retención Primaria de la Unidad Especializada en investigación de Homicidio Doloso y Narcomenudeo, “quien manifestó que sí era su deseo ratificar la demanda de derechos presentada en su favor”.
La fecha para la audiencia constitucional será el próximo 20 de octubre, a las 13:30 horas.
