El alcalde Saúl García Ordoñez y el tesorero Eduardo Josué Mendoza González del municipio de Tlanalapa deberán cumplir con la multa que les asignó el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) por omitir información solicitada por más miembros del ayuntamiento.

Así lo resolvió el TEEH en su sesión pública que fue de transmisión virtual al detallar la magistrada presidenta Rosa Amparo Martínez Lechuga al precisar que la documentación solicitada ya fue solventada en su totalidad.

Explicó que desde julio del 2022 fue emitida la sentencia por las omisiones en las que incurrieron ambos funcionarios municipales denunciados ante este Tribunal por la sindica de Tlanalapa, María del Pilar Domínguez Guerrero y otros asambleístas.

“Las autoridades municipales manifestaron tácitamente haber hecho entrega de toda la información que se encontraba a su resguardo”, sin embargo a lo anterior, “las diversas manifestaciones realizadas por los accionantes en el sentido de que la información que le fue entregada no cuente en lo general con la documentación comprobatoria y justificativa o en su caso que la misma adolece de una debida integración, ya que las autoridades responsables manifestaron expresamente haber hecho entrega de toda la información”, pronunció.

Lo anterior no quiere decir que el presidente municipal como el tesorero se eximan sobre sus responsabilidades de administrar debidamente dicha información en relación a sus obligaciones respectivas como servidores públicos.

Puntualizó que es claro que el cumplimiento fue en tiempo excedido, por ello propuso imponer tanto a los dos servidores públicos la amonestación pública debido a que su actuar se vulneraron los principios judiciales.

El cumplimiento al pago de la multa impuesta a cada uno deberá realizarse durante las 48 horas contadas a partir de la notificación y hasta entonces se conocerá el monto.

Debido a no existir más documentación de la entregada, en la resolución se propuso “dejar a salvo los derechos de los demandantes para que los hagan valer en las diversas vías y formas que estiman conducentes, ello recordando que lo que se busca a través del juicio ciudadano en este tipo de asuntos es garantizar que los servidores públicos selectos cuenten con la información idónea a fin de ejercer debidamente sus funciones”.