Los créditos para comprar una vivienda en Fovissste, conforme al contrato firmado por el derechohabiente, se hicieron tomando como referencia el salario mínimo, en 2017 aumentó casi al doble y provocó que “se dispararan los saldos”, por lo que se cambió a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que al subir éste 2022 un 7.36 por ciento, ocasionó otra alza en la deuda, lo que generó malestar entre los compradores.
Rosa María Gaspar Covarrubias, coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda del Estado de Hidalgo del Fovisste, explicó lo anterior, y agregó que esa misma información se les compartió a una treintena, “no eran más”, de quienes dicen estar en el movimiento nacional de afectados con los empréstitos, en 2019, cuando se manifestaron afuera de sus oficinas.
Afirmó que el Fondo para la Vivienda no actúa fuera del marco de la ley, ya que viene estipulado en el contrato, al mismo tiempo reconoció que los incrementos en los saldos, origen del descontento, no se pueden reducir ni condonar intereses, porque no hay en el contrato alguna clausula que lo estipule.
Un sector de los inconformes, que se han atendido, se les entregó información específica, explicada individualmente yen mesas de trabajo, pero ni así aceptan la realidad, continua su malestar.
Hay posibilidades de pagar el crédito de forma anticipada con un 10 por ciento de descuento; cambiarlo a la banca comercial que implica un nuevo contrato y escrituras, otro gasto para el derechohabiente, y reestructura con el Fovissste si cumplen con cinco requisitos, opciones que al parecer no convencen a los que, según su versión publicada ayer, acusan “irregularidades”.
Apuntó que los manifestantes han viajado a las oficinas centrales en la Ciudad de México, con la misma bandera, pero no han conseguido cambiar lo que por ley estipula y reiteró, aceptaron al firmar el contrato.
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“El problema central es la actualización” que hubo del salario mínimo y de la UMA, precisó, que no hay manera de modificar y que impactó en los saldos de los deudores, lo que implica que se extienda el periodo para liquidarlo, en vez de 12 a 15años “lo normal”, a 20 a 25 años.