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El consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermo Corrales Galván, reconoció que se debe garantizar “piso parejo” en las contiendas electorales para que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre los aspirantes que buscan un cargo de elección popular.
Durante el foro “Mecanismos para garantizar la equidad de la contienda electoral”, organizado por la coalición “Va Por México”, el funcionario electoral dijo que es parte fundamental de las democracias garantizar certeza y equidad en las contiendas electorales, en las cuales se definan los alcances de participación de actores políticos que ejercen un cargo público.
De acuerdo con el integrante del Consejo General del IEEH, se debe garantizar la completa libertad de expresión, pero salvaguardando la equidad de la contienda electoral, ya que recordó que la historia mexicana ha estado orientada la falta de confianza que existe sobre el quehacer de algunos servidores públicos a favor de una determinada fuerza política.
Agregó que se debe conocer si un funcionario público acudió a un evento de campaña y si declaró, así como los comentarios que vertió, para conocer si hubo alguna violación a la equidad electoral, pero este tema aún no ha sido regulado en materia de comunicación política.
Asimismo, dijo que deben regular los límites de la libertad de expresión, en las que se determine cómo pueden actuar los servidores públicos en las contiendas electorales, por lo que recordó que desde la reforma electoral de 2014 se ha presentado la mayor transición en la historia de la entidad.
De la misma manera, sostuvo que las instituciones del Estado mexicano no deben violar la equidad de las contiendas electorales, por lo que se debe estudiar cada caso específico dependiendo de su contexto con criterios jurisprudenciales por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Corrales Galván consideró que se debe conocer la periodicidad de los posicionamientos públicos de los servidores públicos como diputados locales y federales, así como senadores, alcaldes y gobernadores, para que no se afecte la libertad de expresión sin vulnerar la equidad electoral.
