Dirigentes de organizaciones campesinas de esta entidad al parecer se pronunciaron a favor de que el Congreso federal encuentre un esquema de regularización de los denominados autos chocolate, pero con suficientes candados para que el estado de Hidalgo no se convierta en cementerio de chatarra.
Opinan asimismo que los recursos que capte la Secretaría de Hacienda por ese concepto sean canalizados a programas que el gobierno federal ha dejado de apoyar, como dotar de infraestructura de riego al campo.
Martha López Ríos y Marco Antonio Rico, líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), señalaron que el parque vehicular de procedencia extranjera se encuentra principalmente en los municipios con personas que han emigrado a trabajar a Estados Unidos, y forman parte de su patrimonio de trabajo.
Argumentaron que la gente del campo de escasos recursos no puede adquirir un vehículo de agencia, por lo que también se debe evitar que vivales aprovechen que se quiera sacar de la clandestinidad los autos chocolate e instalen lotes de ellos.
En cambio, explicaron, debe dársele certeza jurídica a los poseedores de vehículos extranjeros no legalizados, y que los impuestos que paguen se vean reflejados en la economía nacional.
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