Uno de los mayores desafíos que enfrentan los países a nivel global para combatir el lavado de dinero y el financiamiento ilícito son los recursos que se destinan a las autoridades cibernéticas. De acuerdo con Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Norteamérica se estima que 60 por ciento de los delitos tienen una relación con el mundo cibernético y sin embargo, solamente uno por ciento del presupuesto de su policía se destina a los crímenes cibernéticos, es decir, a la policía cibernética.
“Las autoridades deben abocar más recursos a este tipo de delitos porque siguen en una estructura tradicional de seguridad en las calles cuando la seguridad debe abarcar otros componentes en la era digital”, dijo en entrevista con El Sol de México.
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En el caso de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contó con un presupuesto de 105 mil 838.7 millones de pesos para este año, de los cuales solo 0.3 por ciento fue para la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. En tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contó con 195.1 millones de pesos.
De Anda comentó que los delincuentes se han especializado más en el uso de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA) con la que no solo hacen ataques masivos a empresas, sino también a escalas más pequeñas.
“En 2023, una de cada tres casas estadounidenses tiene una computadora infectada con software malicioso. Además, 47 por ciento de los adultos americanos han tenido su información personal expuesta y cada día hay hackeo de 600 mil cuentas. Eso es un desafío muy importante porque es muy difícil proteger a la ciudadanía y a los individuos cuando están en un espacio como el hogar, la escuela o trabajo”.
La abogada por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración Pública por la Escuela Harvard Kennedy, comentó que de los delitos que se detectan, 20 por ciento están relacionados con tipologías donde “se explota la soledad de las personas para obtener información o hacer engaños para tener beneficios económicos”.
También, dijo, se explota la necesidad de las personas, en el sentido de que se les promete tener mayores rendimientos en ciertas inversiones para obtener una buena pensión, para vacaciones o planes educativos.
“Es preocupante que muchos de estos fraudes no son reportados a las autoridades, porque es difícil para una persona reconocer que cayó en un fraude amoroso o que cayó en una estafa, donde mayormente son personas de la tercera edad”.
Recomiendan registro público
En ciberdelitos de mayor escala y que puede involucrar a empresas o al crimen organizado, una de las medidas que está proponiendo GAFI, que cuenta con 35 países más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico, es que cada nación tenga un registro público, donde esté la información accionaria y estructuras legales.
“Estos registros van a permitir que las autoridades de investigación puedan realmente saber quién está detrás de estas estructuras jurídicas, es como levantar la tapa del tope y poder ver todo lo que está dentro de ese contenedor, si se logra que todos los países tengan este registro será un cambio fundamental para el combate al lavado de dinero, porque podremos conectar estos registros y que se intercambie información a nivel internacional”.
Una vez que estén identificados los recursos, se podrán rastrear, congelarlos y repatriar si es el caso, y eventualmente regresarlos a las víctimas o a los Estados si se trata de un tema de corrupción o de evasión fiscal, dijo De Anda.
Este registro público debe ser manejado por el Estado, debe actualizarse en un máximo de seis meses y tiene que ser de fácil acceso tanto para las autoridades de procuración de justicia, como para las otras autoridades en otros países que pidan la cooperación internacional.
“Ya hay países que están haciendo este registro, Estados Unidos ya está alimentando su registro, no sé en qué porcentaje vayan ya de actualización, pero ya se están nutriendo y todas las empresas, fundaciones, asociaciones todos los tipos de personas y estructuras jurídicas tienen que estar registradas, para saber quiénes están detrás de esta estructura jurídica ya sea porque sean beneficiarios o porque son accionistas o dueños en esa empresa”.
Sobre el uso de activos virtuales como las criptomonedas para el lavado de dinero o financiamiento ilícito, De Anda mencionó que en 2018 y 2019 se emitieron nuevos estándares para regular a los intermediarios financieros para que brinden reportes sobre posibles transferencias de prestadoras de servicios de activos virtuales.
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“En México se le llama empadronarse y una vez que están empadronados o registrados tienen que emitir reportes a la UIF cuando se rebasan ciertos umbrales que establece la propia ley, pero también cuando detectan conductas inusuales”.
Además de realizar reportes, tienen obligación de identificar a todos sus clientes y tienen la obligación de que cuando hacen transferencias virtuales deben de incluir en esas transacciones la información de quién está enviando la acción virtual, es decir el beneficiario y el monto de la transferencia. “Es una regulación muy similar a la que tenemos con las transferencias electrónicas”. Indicó que estos prestadores de servicios de activos virtuales están sujetos a las reglas de prevención de lavado de dinero en México y a nivel mundial tiene que enviar reportes a las unidades de inteligencia financieras.
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