La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) se preparan para enfrentar los litigios iniciados por empresas privadas frente a la nueva política para el sector eléctrico, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ahora, 14 empresas eólicas y fotovoltaicas han obtenido suspensiones judiciales provisionales en contra del Acuerdo de Confiabilidad emitido a finales de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que frenó a compañías como Engie, Ene, Elecnor o Tirna Solar para poder instalar 23 plantas generadoras.
El Cenace informó el miércoles que en cumplimiento de las resoluciones judiciales permitiría las pruebas operativas de las 23 centrales eléctricas solares y eólicas, pero advirtió que hará válidos los instrumentos legales a su alcance para impugnarlas.
López Obrador dijo ayer que su gobierno combatirá la corrupción, el saqueo e influyentismo que prevaleció en el periodo neoliberal en la industria eléctrica. Se entregaron contratos leoninos que afectan el interés nacional, acusó en su conferencia mañanera.
La intención, reiteró, era destruir a la CFE, cerrar sus plantas, subutilizarlas y no permitir que se generara energía para darles preferencia a las empresas privadas, sobre todo las extranjeras. “Estas irregularidades, por llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción se le dio preferencia a estas empresas de generación de energía limpia, en contra de la CFE”.
Subrayó que las decisiones que se han tomado son para “poner orden” y que “haya piso parejo” para la Comisión Federal de Electricidad.
Sobre la posibilidad de renegociar con las empresas eléctricas, como ocurrió el año pasado con las constructoras de gasoductos, López Obrador dijo que su gobierno está abierto al diálogo, “pero se pone por delante el interés nacional y nada de que contraten gacetillas en periódicos del extranjero, inserciones pagadas aunque no le pongan IP.
“No nos van a hacer cambiar, porque no podemos permitir la corrupción. Sí al diálogo y que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque trataban a los funcionarios muy bien”, respondió.
Los empresarios están en su derecho de externar sus inconformidades y tramitar amparos en contra de los criterios para el sector eléctrico, pero lo que no pueden hacer es difamar y externar calumnias, dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en una entrevista a su salida de Palacio Nacional.
En línea con la postura del Ejecutivo, dijo que se respetarán los derechos de los empresarios, pero que acudirán a los tribunales para defender sus intereses.
“Con algunos de ellos se ha hablado, pero hay una campaña de ciertos grupos, están en todo su derecho, pero no pueden difamar, ni calumniar”, señaló la secretaria de Energía.
La CFE, dijo, tiene proyectos relevantes para potenciar la generación de energía, principalmente en lo que tiene que ver con la rehabilitación de las presas que controla la empresa productiva del Estado.
Se está buscando la instalación de paneles solares en 300 hectáreas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, además, dijo la funcionaria, la CFE cuenta con proyectos de parques eólicos y solares, y además tiene a la central nuclear de Laguna Verde, que es una de las fuentes de energía “más limpias del mundo”.
Por último, Nahle señaló que se busca “piso parejo” para que la CFE pueda competir en el sector energético, por lo que no se afectarán los proyectos que están en curso.
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo ayer que las “imposiciones” gubernamentales en materia energética para desplazar al sector privado y los cambios a las leyes en la materia mandan al exterior la señal de que México “es un país donde no reina el Estado de derecho”.
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