La propuesta del Gobierno de México de modificar la Constitución para cambiar la forma en que se eligen los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un cambio significativo en la estructura judicial del país. Bajo la nueva propuesta, el artículo 95 sería modificado para permitir que los jueces sean elegidos por voto directo y secreto por un período de 12 años en lugar de 15, como es el caso actualmente. Esta medida se complementaría con una elección extraordinaria en 2025, permitiendo que los actuales ocupantes de estos cargos puedan postularse nuevamente.
Más aún, la reforma busca una reestructuración profunda al prever la reducción de ministros de la SCJN de 11 a 9 y eliminar las dos salas actuales del tribunal, optando por sesiones plenarias públicas y transparentes. Esto, según se plantea, facilitaría una mayor accesibilidad y entendimiento público de las deliberaciones judiciales. Adicionalmente, se propone la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros y un ajuste en sus salarios al máximo permitido para el presidente, buscando así adecuar los beneficios económicos del poder judicial a estándares más equitativos y justos.
Por otro lado, se plantea la disolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que sería reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Estas nuevas entidades tendrían la responsabilidad de administrar la carrera judicial, asegurar el control interno y manejar las denuncias contra personal judicial, buscando incrementar la transparencia y la eficacia en el manejo del poder judicial.
Esta reforma, según el presidente López Obrador, tiene como objetivo principal "limpiar de corrupción al Poder Judicial", contrastando a quienes, según él, especulan con un "Estado chueco" frente a aquellos empresarios que desean un auténtico Estado de derecho.
Conclusión:
La propuesta de reforma judicial en México es innovadora y necesaria, alineándose con las tendencias globales en materia judicial. Además, busca responder a las crecientes demandas de una justicia más democrática, accesible y equitativa para todos. Al hacer que la elección de jueces sea directa y al modificar estructuras internas para mayor transparencia y eficiencia, el gobierno pretende acercar el poder judicial al pueblo y asegurar un sistema de justicia más íntegro y justo. Sin embargo, este cambio radical también plantea desafíos significativos en cuanto a la implementación y la posible politización del proceso judicial, elementos que deberán manejarse con cuidado para garantizar que la reforma cumpla su promesa de justicia equitativa para todos los mexicanos.