En las últimas semanas hemos leído en diversos medios de comunicación sobre la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, INAI, el cual ha generado un intenso pero no tan profundo debate que enriquezca la opinión pública, por ello en esta columna abordaré las implicaciones que tiene para nosotros, los ciudadanos su desaparición y la consecuente extinción de los organismos Estatales de Transparencia.

Los ciudadanos experimentaremos indudablemente, un debilitamiento del acceso a la información y a la transparencia, porque si bien se ha dicho, que se garantizará más transparencia sin corrupción, en la práctica, el gobierno será juez y parte, y entonces, resulta necesario conocer los datos proporcionados por el gobierno, sobre todo, en los contratos y licitaciones, que ha permitido que se hagan públicos temas como la Estafa Maestra, el daño patrimonial a SEGALMEX, el caso Odebrecht, el caso de Tlatlaya, Ayotzinapa y hasta la represión de 1968; pero también, que los ciudadanos entendamos el uso de los recursos públicos y con ello ejerzamos nuestra ciudadanía informada.

La falta de transparencia va a dificultar la identificación y denuncia de irregularidades del uso de estos recursos, pues si bien la intensión de la presidenta es buena, más temprano que tarde la burocracia de la nueva Secretaria de Anticorrupción y buen gobierno va a entorpecer el acceso a la información, por lo que será innegable un retroceso en la lucha contra la corrupción.

Algunas consecuencias serán la restricción del acceso a la información pública, la vulneración de la protección de los datos particulares, una menor vigilancia en el uso de los recursos públicos, obstáculos para el periodismo de investigación y las organizaciones de la sociedad civil, una pérdida de contrapeso institucional; en otras palabras los ciudadanos tendremos menos herramientas para exigir transparencia, estaremos más expuestos al robo de identidad, fraudes y otros abusos relacionados con la información personal, seguramente se incrementará el riesgo de corrupción y uso discrecional de los recursos públicos, entre muchas otras.

Si bien, estos organismos tenían sus áreas de oportunidad, debemos preguntarnos si en aras de ampliar los programas sociales, que tanto han beneficiado a millones de ciudadanos, es necesaria la extinción de contrapesos democráticos, en otras palabras, si por ganar unos derechos, debemos perder otros.

En el Observatorio Ciudadano de Gobierno, Democracia y Legalidad del Estado de Hidalgo nos es de mucha utilidad conocer su opinión de estos y muchos otros temas relacionados con la gobernanza y el bien común, por lo que puedes escribirnos al 7714809894 o en hola@observatoriohidalgo.org, donde con gusto nos saludaremos.