El pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California aprobó una reforma a la Constitución local por la que se amplía el mandato del Gobernador electo Jaime Bonilla Valdez a cinco años, pese a haber sido electo para un periodo de dos.

Por si ello fuera poco, el Tribunal Electoral local ordenó al Instituto Electoral de Baja Califronia hacer una modificación a la convocatoria que en su momento fue emitida, para ampliar el plazo de dos a cinco años, pese a que ya se había desahogado la elección y la ciudadanía había emitido su voto.

Afortunadamente la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación revocó esta resolución, lo que constituye una defensa a los principios que rigen a toda nación democrática y un paso importante para revertir esta reforma que atenta contra la democracia.

México enfrenta una etapa que nos recuerda todo aquello que habíamos superado hace décadas. La ley no puede usarse en beneficio propio y el mandato que el pueblo otorga a través de su voto no hace a los gobernantes todo poderosos, sino que deben ejercer su encargo con responsabilidad y en apego a la ley.

Casos como este no pueden pasar desapercibidos porque dejan en evidencia el peligro que pueden traer el autoritarismo, las ocurrencias y la falta de equilibrios en las cámaras locales, donde se ha intentado legalizar diversos temas que atentan contra nuestra Constitución y contra la democracia.

Por ello, es fundamental que instituciones como los órganos electorales y los tribunales conserven su autonomía y sean fortalecidos para cumplir su labor con objetividad e imparcialidad para consolidarse como garantes del Estado de Derecho.