Hace apenas unos días, la Presidenta de la República mandó una iniciativa de reforma en materia constitucional al Senado de la República para su análisis y discusión. Esa modificación tiene mucho sentido dadas las circunstancias de seguridad en el país que cada vez vive un agravamiento mayor en el rubro sin que se pueda paliar el enorme riesgo que se corren en diversas regiones, al grado que Senadores del grupo mayoritario han tomado con seriedad el tema y han hecho un llamado urgente a contener la ola de crímenes que azotan al país, sobre todo en algunos estados que se habían caracterizado por su tranquilidad en paz dentro de la constante violencia que se vive en el país durante, al menos dos décadas. Reforma como una reacción a la operación del sistema de justicia penal que no ha dado los resultados esperados y que puede sufrir cambios de raíz para acompañar a la reforma judicial.
Esa reforma seda en el marco de un cuestionamiento respecto de las funciones que llevaría a cabo una Secretaría que en sexenios anteriores alojaba el cuerpo de seguridad federal, ya sea denominado Policía Federal Preventiva, Policía Federal o Guardia Nacional, pero que con las recientes reformas ya no tiene un grupo operativo que contenga la seguridad interior del país.
Si bien lo ideal es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargue de coordinar un cuerpo de policía encargado de la gobernabilidad en el territorio nacional, también es cierto que sus facultades no son ni debieran ser puramente operativas, como si sólo se tratase de contención en las calles de la seguridad, ya que su propia naturaleza implica tareas de mayor alcance no sólo por el desempeño propio, sino como coadyuvante en la investigación ministerial, precisamente uno de los elementos más débiles en la persecución del delito.
Lejos de lo que se pudiera pensar, esta reforma ya fue dictaminada en comisiones del Senado con un apoyo unánime de los grupos parlamentarios porque, se sabe, estamos perdiendo la batalla en contra del crimen organizado, de tal manera que es fundamental reforzar el papel de una Secretaría que, con la holgura de no encargarse operativamente de la policía inter, tiene el espacio y el tiempo suficiente para volcar sus esfuerzos en los puntos débiles de la estrategia de seguridad.
En manos de un Secretario reconocido por los logros en sus anteriores encargos, estará precisamente delinear la estrategia nacional de seguridad con todo lo que ello implica. Además no podemos olvidar que una de las facultades características de esta Secretaría a defensa de la SEDENA o de la propia FGR, es la prevención del delito, instancias muy necesaria en un momento en que se quiere atacar las causas y no sólo las consecuencias de forma reactiva.
Otro aspecto que contiene la reforma es permitir que la Secretaría intervenga de forma directa en la investigación de delitos y no sólo como un brazo sujeto a lo que le pida el Ministerio Público, ya que en ello va inserto que si una dependencia puede y tiene elementos para investigar lo haga para alimentar a las fiscalías, sobre todo, porque se plantea que puedan llevar a cabo tareas de inteligencia.
En ese sentido tiene mucha lógica la reforma y se ve, incluso, como un ataque real al fondo del problema de seguridad que vivimos, ya que hasta ahora las opciones cosméticas se han quedado en eso. La fortaleza de las instituciones es a través de facultades precisas y que además luzcan útiles para defender la paz y tranquilidad del pueblo mexicano.