En el estado de Hidalgo, como en el resto de las entidades del país, avanzan las asambleas distritales organizadas por morenistas y en ellas se ha registrado la participación de especialistas en el tema, como bien lo informó recientemente la diputada federal electa, Alma Lidia de la Vega.
El objetivo de esos encuentros, argumentan, es que más ciudadanos conozcan a detalle la reforma que el presidente de México promueve para “democratizar” al Poder Judicial y cuyo punto medular consiste en establecer legalmente que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Dicen que con ello se pretende acabar la presunta corrupción que hay en ese ámbito.
Sin embargo, el pasado viernes 12 de julio, en el marco del Día del Abogado, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Hidalgo se sumaron a las protestas contra dicha reforma.
Ellos argumentaron que "al elegir jueces por voto estamos hablando de que va ha llegar el que sea más popular y no el más preparado necesariamente, entonces eso por supuesto que nos va a afectar porque nosotros a diario nos estamos preparando".
Así lo dijo Alfonso López Merino, representante del Poder Judicial de la Federación, en el marco de la manifestación.
Previamente, la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, consideró que la reforma sería un retroceso en la protección de los derechos de las personas.
¿CON BASE EN QUÉ SERÁN ELECTOS LOS JUECES?
De acuerdo con la propuesta de reforma, cada uno de los tres poderes de la unión propondrá 10 candidaturas. Los aspirantes realizarán campaña durante 60 días sin financiamiento público ni privado, pero dispondrán de tiempos oficiales en radio y televisión.
Además, se establece que habrá de crearse un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual será responsable de organizar la elección, en tanto que los partidos políticos estarán obligados a mantenerse alejados del proceso.
Y dicha elección se llevaría a cabo en el año 2025, con el objetivo de renovar a todos los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, aunque, dicho sea de paso, la propuesta de reforma abre la puerta a que las personas que actualmente ocupan esos cargos, puedan competir en igualdad de condiciones que los otros interesados.
OTROS CAMBIOS QUE SE HARÍAN
Se pretende reducir el número de ministras y ministros, para pasar de 11 a nueve, y que el periodo que dure su encargo sea de 12 años y no de 15. También se busca eliminar la pensión vitalicia y ajustar sus remuneraciones para que no ganen más que el presidente de la república.
Y el remate consiste en eliminar las dos salas que existen actualmente, toda vez que se considera que son opacas, por lo que todo se resolvería en sesiones del pleno, las cuales tendrían que ser públicas.
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